La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la cría y compraventa irregular de cachorros de perro en la comarca de La Moraña, al norte de Ávila. La denominada operación 'Bibiache' se ha saldado con nueve personas investigadas como presuntas integrantes de este grupo (entre ellas, tres veterinarios) y ha localizado a 636 perjudicados en diferentes puntos de España.
La trama obtuvo unos beneficios económicos acreditados de 146.325 euros en solo un año, aunque se estima que el fraude real supera los 500.000 euros si se consideran los pagos en efectivo y las transacciones que aún están pendientes de analizar.
Estructura del negocio y falsificación
La organización adquiría a los animales para luego distribuirlos por todo el territorio nacional a través de páginas web y redes sociales. Según la investigación, los cachorros carecían por completo de trazabilidad y eran entregados con documentación sanitaria y administrativa falsificada. En muchas ocasiones, los microchips se intercambiaban entre los animales o estos ni siquiera figuraban registrados.
Durante los registros en las instalaciones de la red, la Guardia Civil incautó numeroso material médico, incluyendo cartillas sanitarias en blanco, medicamentos de uso restringido y microchips sin implantar. Además, los agentes hallaron aves de especies protegidas (jilgueros y lúganos) que incumplían la normativa CITES y detectaron una conexión ilegal a la red eléctrica.
Maltrato animal y veterinarios cómplices
Las pesquisas judiciales confirmaron que los cachorros eran sometidos a transportes de larga distancia con apenas meses de vida. Tras ser adquiridos por las víctimas (quienes realizaban los pagos mediante transferencias telefónicas), muchos de los perros desarrollaron graves problemas de salud que requirieron asistencia veterinaria urgente, llegando a provocar el fallecimiento de varios ejemplares.
Para sostener esta infraestructura, la red contaba con la "colaboración necesaria" de los tres veterinarios imputados, cuya función consistía en facilitar el acceso a los medicamentos y validar la implantación irregular de los microchips.
A los implicados se les atribuye, según su grado de participación, una amplia lista de delitos: contra la protección de la flora y fauna, maltrato animal por omisión, estafa, publicidad engañosa, falsedad documental, intrusismo profesional, usurpación de estado civil, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.