- Madrid capta 10.258 millones de inversión hasta septiembre, cinco veces más que Cataluña
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La llegada de la inversión productiva se hunde por los continuos cambios fiscales y normativos.
Dos visiones contradictorias respecto de la economía española coinciden en el mercado. Por un lado, gran parte de los analistas incluyen a nuestro país entre sus recomendaciones de inversión financiera gracias a las interesantes rentabilidades que acumulan tanto la Bolsa como el sector inmobiliario. De otro, los inversores industriales están reduciendo sus posiciones en España, como reflejan las estadísticas de entrada de capital, patrimonio y operaciones intragrupo recopilados por el Ministerio de Industria.
La caída sostenida de los llamados flujos de inversión extranjera bruta en los nueve primeros meses del año es consecuencia directa de la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios regulatorios y fiscales del Gobierno de PSOE y Sumar. De acuerdo al último informe del Foro Regulación Inteligente, la economía española es el segundo país de la OCDE que menos seguridad jurídica ofrece a los inversores y contribuyentes foráneos.
Solamente Grecia presenta un marco regulatorio más inestable, con la diferencia sustancial de que los cambios aprobados por el Gobierno conservador de Kyriákos Mitsotákis se están alineando con las políticas que son del gusto de los grupos inversores, como la puesta en marcha de la jornada laboral de 13 horas diarias con un máximo de 37 días al año. En sentido contrario, tanto las modificaciones del marco laboral impulsados por la vicepresidenta Yolanda Díaz como los continuos ajustes en las principales figuras tributarias realizados por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero para impulsar la recaudación fiscal han disparado la inquietud entre los inversores y residentes en el extranjero con intereses en España.
De hecho, los ingresos del Estado volverán a marcar otro récord al cierre del actual ejercicio al alcanzar los 325.000 millones de euros debido a la reiterada negativa del Ejecutivo a deflactar (ajustar con la marcha de los precios) las tarifas del IRPF y, en menor medida, la reactivación de las subidas fiscales a las empresas que fueron anuladas por la Justicia. Además, Montero prepara otro recorte de los beneficios fiscales para el primer semestre de 2026 como parte del pacto con la Comisión Europea para el desembolso de las entregas pendientes de los fondos NextGeneration.
La importancia de la fiscalidad para localizar inversiones se constata por el hecho de que Madrid absorbe cada mes más porcentaje de la inversión extranjera que llega, en perjuicio de Cataluña.
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