Begoña Gómez se presenta hoy ante el juez Peinado por última vez. El magistrado ha convocado para las 18 horas la audiencia preliminar que impone la Ley del Jurado, previa a la decisión de dictar el auto de apertura de juicio oral, que supondrá dejar el caso en manos de la Audiencia de Madrid, encargada de celebrar el juicio.
Esta vez no bastará que la esposa del presidente del Gobierno envíe a su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho. El juez ha precisado que deberá comparecer "personalmente" en el juzgado 41 de Madrid, con apercibimiento de ser conducida "por la Fuerza Pública" si no lo hace.
El magistrado ha añadido un segundo objetivo a la citación, que explica la exigencia de que Gómez esté presente: resolver sobre la imposición de medidas cautelares. Peinado escuchará la propuesta de Hazte Oír -que coordina las acusaciones populares-, el parecer de la Fiscalía y las defensas y tomará una decisión.
En la primera fase de la diligencia, Peinado "oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento". También se puede abordar la práctica de nuevas pruebas, pero el juez ya se ha pronunciado al respecto es sus último auto: a la investigación no hace falta nada más.
Respecto a si el instructor optará por llevar el caso a juicio o dictar el archivo, tampoco hay duda. Sus últimas decisiones ya reflejan que optará por dictar el auto de apertura de juicio oral por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La ley indica que el juez puede comunicar su decisión sobre la apertura de juicio oral "en el mismo acto" de la audiencia preliminar, o en los tres días siguientes.
En cuanto a las medidas cautelares, en el auto en que convocó a Begoña Gómez el juez recordó que los cuatro delitos que se imputan llevan aparejadas elevadas penas de cárcel. La acusación popular unificada reclama para ella 24 años de prisión.
La lista de posibles peticiones de Hazte Oír incluye la prohibición de salir de España -con retirada de pasaporte- y las comparecencias periódicas en el juzgado o la comisaría. La cautelar más dura que se podría reclamar sería la de prisión provisional, eludible o no bajo fianza. Lo elevado de las penas, señaló Peinado, "podría provocar alguna conducta tendente a eludir la acción de la Justicia". Es decir, que detecta cierto riesgo de fuga, motivo principal para imponer cautelares.
Peinado resolverá si son necesarias las medidas propuestas por la acusación o basta alguna más leve. En ningún caso podrá imponer alguna más dura que las solicitadas.
Junto a Begoña Gómez tendrán que asistir los otros dos acusados: su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Igualmente, estará presente en la audiencia preliminar la Universidad Complutense de Madrid, que está personada en la causa como posible perjudicada por el delito de apropiación indebida del software creado en el seno de la cátedra extraordinaria de Gómez.
Al margen de las intenciones del juez Peinado, la celebración o no del juicio está en manos de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que debe resolver los recursos de los acusados reclamando el archivo del procedimiento.