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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de un antiguo socio de la Big Four que aplicó una reducción del 30% en IRPF por su indemnización y crea nueva doctrina para miles de profesionales.
Una batalla fiscal en el seno de los socios de las Big Four ha terminado por cambiar las reglas del juego tributarias para miles de profesionales en España. El caso, que tiene como protagonista a un antiguo socio de Deloitte, ha escalado hasta el Tribunal Supremo, arrojando luz sobre un debate recurrente en el sector: cómo deben tributar las compensaciones de salida de los altos ejecutivos y profesionales de grandes despachos.
La historia se remonta a la trayectoria de este profesional, un abogado que había prestado sus servicios en exclusiva para la firma durante más de una década como socio profesional. Su vinculación con Deloitte no era laboral, sino mercantil, una estructura muy común en este tipo de organizaciones donde los socios son, a la vez, copropietarios y prestadores de servicios.
En el año 2016, la junta de socios de Deloitte decidió rescindir de forma unilateral su contrato mercantil basándose en los estatutos internos de la compañía. Sin embargo, su salida ya se había comenzado a fraguar tres años antes, en 2013, cuando un acuerdo societario anticipó su derecho a recibir la indemnización máxima por cese anticipado cuando este se formalizase.
1,7 millones de indemnización
Cumplidos los plazos de aquel acuerdo, el socio abandonó la firma con una indemnización de 1.709.120 euros, abonada en un pago único en el ejercicio fiscal de 2016. Al confeccionar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de aquel año, el profesional decidió aplicar una reducción del 30%, regulada en el artículo 32.1 de la LIRPF y reservada para aquellas rentas que se consideran legalmente "irregulares" por haberse generado a lo largo de más de dos años.
La defensa del contribuyente sostenía que este ingreso millonario no era un pago puntual, sino la contraprestación económica y el reconocimiento al esfuerzo acumulado durante toda una década de carrera en la firma. No obstante, la inspección de la Agencia Tributaria rechazó esta interpretación al revisar su declaración en el año 2019.
Hacienda eliminó la reducción y le reclamó una deuda tributaria de 48.128,63 euros más intereses de demora, lo que desató un largo periplo judicial. Tras pasar por el Tribunal Económico-Administrativo de Cataluña, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decidió anular la sanción impuesta por Hacienda al entender que el socio había realizado una interpretación razonable de la norma, pero confirmó que la liquidación del impuesto era correcta y que debía abonar la deuda. El caso, finalmente, llegó al Tribunal Supremo para unificar doctrina.
Qué dice el Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado definitivamente la razón a la Administración Tributaria en una sentencia que aclara de forma muy pedagógica por qué este tipo de indemnizaciones de salida no pueden disfrutar de ventajas fiscales. El Supremo explica que el derecho a cobrar este dinero nació "ex novo" (de nuevas) en el momento en que Deloitte decidió romper el contrato, y no de manera paulatina día a día con el trabajo diario del profesional.
Además, los magistrados señalan un detalle crucial en la estructura del pago: la fórmula que utilizó Deloitte para calcular los 1,7 millones de euros no medía la antigüedad del profesional en la firma ni los años de servicios reales prestados. Los parámetros utilizados se basaban en la edad exacta del socio en el momento del despido y en los dividendos y unidades de participación recientes de la compañía. Al no existir una relación directa entre el dinero recibido y los años trabajados, la Justicia concluye que este pago no retribuye un esfuerzo acumulado en el tiempo, sino que simplemente compensa la pérdida del estatus de socio antes de la edad de jubilación.
La decisión tiene un impacto directo y muy relevante para todos los socios de despachos de abogados, consultoras y auditoras de España que afronten una situación de cese similar a partir de ahora. El criterio fijado por el Tribunal Supremo implica que cualquier socio profesional que sea apartado de su firma y reciba una indemnización estatutaria deberá pagar impuestos por el total de esa cantidad en el mismo año fiscal, sin poder aplicar ningún tipo de rebaja.
La doctrina del Supremo queda de la siguiente forma. "Una indemnización satisfecha por la rescisión unilateral de una relación jurídico-mercantil continuada de más de dos años de duración, entre una sociedad y un socio profesional, acordada por los órganos de la sociedad de forma discrecional en el marco de los estatutos sociales, cuya determinación no guarda relación con el tiempo de servicios prestados, no tiene la consideración de renta susceptible de beneficiarse de la reducción del artículo 32.1 de la LIRPF, al no estar retribuyendo un esfuerzo del profesional prolongado en el tiempo de más de dos años de duración, ni tratarse, por tanto, de rendimientos netos con un período de generación superior a dos años", establecen los magistrados.
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