- C.MORÁN
- Golpe del Tribunal de la UE al modelo español de concesiones de autobús
- Los nuevos rivales amenazan a Alsa y Avanza en el mayor concurso de la UE
Los grupos parlamentarios apoyan la prórroga de todos los contratos para invertir en 60.000 vehículos cero emisiones, la mitad antes de 2035.
Una Proposición No de Ley (PNL) promovida por Junts per Catalunya y apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, representa un cambio radical sobre el actual modelo de explotación de las líneas regulares de autobús a través de contratos de concesión a largo plazo.
El Congreso, de manera mayoritaria, apoya prorrogar todos los servicios regulares de España hasta diciembre de 2039, con el objetivo de poner en marcha un profunda renovación de la actual flota en explotación. "Se trata de 65.000 unidades, de las cuales 60.300 utilizan como carburantes el gasoil o la gasolina, y sólo cerca de 5.000 otros medios, siendo completamente marginal el porcentaje de vehículos de emisiones 0", dice la propuesta que pide aprobar en este semestre "un Programa Plurianual de Renovación de Flotas y Ampliación de Servicios con el objetivo de atender las necesidades detectadas de ayudas a la inversión en activos fijos y material rodante".
El volumen de inversión se estima en unos 12.600 millones de euros en el plazo de 10 años solo para la renovación de la mitad del actual parque.
La propuesta parlamentaria, apoyada por PSOE y PP, supone alterar el actual proceso de renovación del mapa de concesiones llevado a cabo por el Ministerio de Transportes y vuela por los aires el modelo competitivo abierto por la Comunidad de Madrid para concesionar por 10 años las líneas de transporte regular autonómicas, un negocio de unos 8.000 millones de euros en juego.
"Se trata de una propuesta hecha a la medida de los actuales operadores Alsa, Avanza, Arriba y Mombus, entre otros", denuncian rivales de los actuales dominadores del mercado en un momento en el que la propia de CNMC ha vuelto a poner en duda el modelo concesional español. "La Comisión ha recomendado una liberalización de los trayectos de más de 100 kilómetros, con la posibilidad de establecer concesiones para cubrir aquellos trayectos que no sean atendidos por los operadores del mercado libre en las condiciones requeridas", reitera la CNMC en un nuevo informe sobre el sector.
"Una liberalización del sector fomentaría la competencia y beneficiaría a los usuarios del servicio, como muestran las experiencias de países europeos que han acometido esta reforma", dice el supervisor de los mercados frente a la defensa del actual modelo por parte del Gobierno.
La Proposición No de Ley aprobada el pasado 24 de febrero tiene amparo legal en el actual Reglamento de la UE 1370/2007, que entró en vigor en 2009, por lo que los órganos contratantes, dice la PNL, disponen hasta 2039 para mantener los actuales contratos en vigor, varios de ellos caducados desde hace años.
Los volúmenes de inversión previstos para renovar el actual parque de autocares son ingentes. El Parlamento los cifra en unos 12.600 millones de euros, de los cuales más de la mitad se destinaría a la adquisición de nueva flota (cada autobús eléctrico cuesta de media unos 500.000 euros). El resto, unos 4.200 millones de euros, corresponde a la adecuación de infraestructura y estaciones de recarga (unos tres millones de euros por operador). Por eso, el parlamento plantea un mix de financiación pública y privada con participación activa del ICO.
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