La desastrosa gestión del caso Salazar ha provocado una reacción en cadena que amenaza con llevarse por delante a todos los cargos intermedios del PSOE que tuvieron algún papel en la tramitación negligente de las denuncias interpuestas por dos trabajadoras de la Moncloa contra el asesor de Pedro Sánchez. Tras la destitución (y dimisión en sus cargos) de Antonio Hernández (mano derecha de Paco Salazar en Presidencia) ahora se señala también a la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, por no haber sabido resolver la crisis interna y permitir que el partido ofrezca una imagen tan poco consecuente con su discurso feminista y que pone en riesgo la confianza del voto femenino.
Pero el PP ha puesto también en el disparadero en las últimas horas a la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, para quien el escándalo puede convertirse en un nuevo tropezón en su carrera por recuperar la confianza de los electores en Andalucía. Su papel en el partido la coloca justo entre el propio Sánchez (que dice asumir la «responsabilidad personal» de lo ocurrido) y una secretaría de Organización totalmente cuestionada.
En su descargo, algunas fuentes con las que ha contactado EL MUNDO recuerdan que el puesto de María Jesús Montero carece de función ejecutiva dentro del PSOE. Sus muchas responsabilidades institucionales y todos los frentes que tiene abiertos (desde la negociación de los Presupuestos para 2026 a la reforma del modelo de financiación autonómica) impiden que esté en el día a día de la organización. De ahí que el verdadero control orgánico se ejerza desde la secretaría de Organización. Nadie esperaba de ella, por tanto, que se dedicara a apagar fuegos en Ferraz: «María Jesús no manda nada en el partido», insisten. Tampoco pretenden que se queme en la resolución de conflictos a pocos meses de tener que concurrir ella misma como candidata en las elecciones andaluzas.
Pero, dado que las dos personas que se han visto (directa o indirectamente) salpicadas por las denuncias por acoso sexual pertenecen a la agrupación de PSOE de Sevilla, a Montero le va a resultar muy difícil ponerse de perfil en este asunto en el que Ferraz se ha conducido de forma tan inexplicablemente torpe.
Tanto Paco Salazar como Antonio Hernández forman parte de las dos familias del PSOE de Sevilla que apostaron por Pedro Sánchez desde el comienzo de su guerra contra Susana Díaz. El primero es un hombre de la más estrecha confianza de Francisco Toscano (alcalde entonces de Dos Hermanas), que le ha defendido incluso cuando ya se conocían las acusaciones que se hacían contra él. El segundo entró en los cargos institucionales en el Ayuntamiento de Sevilla como personal de confianza de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y siendo delegada de Seguridad Ciudadana su hermana, Nieves Hernández. Toscano y Celis fueron los principales pilares del sanchismo cuando prácticamente todo el PSOE sevillano y todo el PSOE andaluz estaban a las órdenes de Susana Díaz, incluida María Jesús Montero, que dio el salto directamente del Gobierno de Díaz (en la Junta de Andalucía) al Gobierno de Sánchez, en 2018.
El temor, sin embargo, a que el incendio provocado por el caso Salazar afecte a la candidata socialista está más que fundado. De hecho, además de perder su puesto en la Moncloa, Antonio Hernández ha tenido que dimitir como miembro de la ejecutiva (al frente de la secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva) del PSOE andaluz, donde Montero es secretaria general. La ejecutiva de Montero es una suma de las diferentes familias socialistas pero su hombre fuerte en ella es Francisco Rodríguez, también del círculo estrecho de Toscano, a quien sucedió al frente de la Alcaldía de Dos Hermanas.
Al margen de la responsabilidad que quepa reclamar a Montero por la deficiente gestión del caso Salazar, el PSOE-A ha tenido su propio fuego en Torremolinos, donde de nuevo una denuncia por acoso sexual planteada contra su secretario general, Antonio Navarro, por parte de una concejala de la localidad recibió también un clamoroso silencio administrativo de la dirección del partido. Aunque el PSOE asegura que se abrió una investigación y se llamó a declarar a la denunciante y al denunciado, la realidad es que la víctima se vio obligada a llevar su situación ante la Fiscalía, seis meses despues de poner su caso en conocimiento del partido, tras sentirse desprotegida y temerosa de una posible reacción «violenta» de su acosador. Sólo entonces y tras saltar la denuncia a los medios, se le suspendió de militancia.
En este caso, el PSOE andaluz se limitó a trasladar la denuncia recibida ante la ejecutiva federal, que es la competente, según explicaron fuentes de la dirección andaluza. Ayer mismo se dio a conocer que la ejecutiva regional del partido le ha pedido a Ferraz la creación de una gestora para que se haga cargo de la agrupación malagueña. Los socialistas andaluces quieren dejar constancia de que, antes de pasar página, la crisis local se va a resolver, ahora sí, con todas las garantías que dictan los manuales.