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En la adaptación de la directiva deben primar los intereses de los trabajadores y sus empleadores.
El Gobierno enfrenta un dilema en la adaptación de la directiva europea sobre transparencia salarial. Si quiere una aplicación inmediata que mejore la información disponible para los representantes de los trabajadores y, de paso, evite la amenaza de sanción por parte de la Comisión Europea, que acaba de advertir a nuestro país por su retraso en la transposición de varias normativas obligatorias, ésta entre ellas, tendría que aprobarla con una modificación simple del real decreto de 2020 sobre igualdad retributiva.
Sin embargo, ello conllevaría, al igual que con el endurecimiento del registro horario para las pymes, renunciar a un incremento de las sanciones por los posibles incumplimientos de las empresas, ya que una modificación de este calado necesitaría del refrendo parlamentario, lo que a día de hoy se antoja inviable por la pérdida de apoyos de sus aliados políticos. Pero esa posible adaptación light de la directiva europea enervaría a los sindicatos, que reclaman al departamento de Yolanda Díaz, a quien han venido respaldando ciegamente en casi todas sus propuestas, que incluya duras penalizaciones a los empresarios que no se ajusten a las nuevas obligaciones de transparencia en materia de salarios.
En caso contrario, las centrales sindicales amenazan con posicionarse públicamente por primera vez en contra de una norma promovida por el Ministerio de Trabajo desde que lo dirige Díaz, lo que sería otro revés para la líder de Sumar en el Ejecutivo, ya muy debilitada políticamente por los malos resultados electorales de su formación. A pesar de estas presiones, la adaptación de la directiva europea sobre transparencia retributiva debería primar los intereses de los asalariados y de sus empleadores antes que las conveniencias personales o las visiones ideologizadas respecto a lo que deberían ser unas relaciones laborales basadas en la confianza entre los agentes económicos.
Convertir la normativa europea en un corsé retributivo terminaría siendo perjudicial para la mayoría de los trabajadores, que verían limitada su capacidad de negociación con sus respectivas empresas para tratar de mejorar sus condiciones económicas, y también para el conjunto de la economía española, al desincentivar las mejoras de productividad y la captación de talento. Con la propuesta actual del Ministerio, las compañías en las que se identifiquen diferencias salariales no justificadas dispondrán de un máximo de dos meses para poner en marcha medidas correctoras.
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