El Consejo de Ministros reimpulsa los objetivos de estabilidad que le tumbó el Congreso mientras reactiva compromisos pendientes con Puigdemont.
El Gobierno ha reactivado este martes varios de los compromisos pendientes con Junts, por la vía urgente del Real Decreto-ley, mientras relanza la senda fiscal presupuestaria que el Parlamento le tumbó la pasada semana con los votos del grupo independentista catalán.
El Consejo de Ministros ha aprobado, concretamente, un paquete de medidas acordadas con Junts que incluyen la extensión de los plazos de las empresas para adaptarse al sistema de control fiscal de la factura electrónica conocido como Verifactu o la cesión a Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo.
De esta forma, el Ejecutivo trata de allanar el terreno para reconducir su relación el partido de Carles Puigdemont, que anunció que dejaba de apoyar las iniciativas del Gobierno por sus reiterados incumplimientos de compromisos pendientes. A la misma vez
La cesión en materia laboral, por ejemplo, "se trata de uno de los acuerdos que reivindicaba Junts como incumplimientos", ha explicado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, al explicar el paquete adoptado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En paralelo, el Ejecutivo ha modificado los plazos del sistema de control fiscal Verifcatu ampliando en un año los plazos inicialmente previstos. De esta forma, los empresarios y profesionales contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, que inicialmente tenían que adaptarse para el 1 de enero de 2026 y ahora ganan de plazo hasta el 1 de enero de 2027. Para el resto de empresas y autónomos que utilizarán sistemas informáticos de facturación el plazo pasa de 1 de julio de 2026 pasa 1 de julio de 2027.
En tercer lugar, dentro de los compromisos pendientes con Junts, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas para facilitar y flexibilizar la posibilidad de que comunidades autónomas y ayuntamientos pueda utilizar sus superávit para acometer inversiones sostenibles, como las destinadas a vivienda o gestión de agua.
"El Gobierno tiene una hoja de ruta y cumplir con el resto de fuerzas políticas", ha aseverado la ministra portavoz, Pilar Alegría, detallando que al dar cumplimiento a parte de los compromisos pendientes con Junts "esperamos poder trabajar con ellos como con el resto de fuerzas parlamentarias que hicieron posible una investidura en 2023".
Objetivos de déficit
Una vez tendida la mano a Junts para tratar de recuperar su apoyo parlamentario, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes la misma senda fiscal que las Cortes ya le tumbaron la pasada semana.
Los objetivos de estabilidad planteados por el Ministerio de Hacienda pasan por rebajar el déficit público del conjunto del Estado desde el 2,5% del PIB en el que se espera que cierre 2025 al 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028.
En concreto, el plan del Gobierno es que los ayuntamientos mantengan cada año equilibrio presupuestario; que las comunidades autónomas puedan incurrir en 0,1 puntos de déficit cada ejercicio; la Seguridad Social pase de dos décimas iniciales de desequilibrio a una; y que la Administración Central reduzca su agujero fiscal al 1,8% el próximo año, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028.
Abrir camino al Presupuesto
El giro estratégico ejecutado este martes por el Consejo de Ministros para reavivar su relación con Junts ha sido anunciado esta misma mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reconocido la "gravedad de la crisis" abierta con la fuerza independentista o la existencia de compromisos pendientes y ha apostado por el "diálogo y la negociación para resolver un conflicto político que viene de largo". Sánchez, de hecho, ha abierto la puerta a reunirse físicamente con Puigdemont, que permanece prófugo de la Justicia en Bruselas por el procés independentista catalán, confiando en que la aplicación de la Ley de Amnistía acabe además permitiéndole regresar al país sin ser detenido.
"Esa voluntad por parte del Gobierno de España de normalizar, de que se recuperen todos los derechos políticos por parte de los líderes del procés, creo que es total, es firme, es rotunda. Y junto con toda esta lista de cumplimientos que, por supuesto, espero que puedan sentar las bases en un futuro próximo para reiniciar ese diálogo", ha declarado Sánchez.
"Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad es de negociación, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts", ha agregado Sánchez, confiando en que la situación se reconuzca y permita negociar la aprobación de un proyecto Presupuestario para 2026. "Creo que merece la pena y porque creo que además los grupos parlamentarios de esta realidad compleja que tenemos en el Congreso se sentirían más representados con unos Presupuestos de 2026", ha aseverado, tras admitir la dificultad que encara tras dos años de prórrogas presupuestarias.
Las reacciones al giro de Sánchez no se han hecho esperar. Mientras el PP le ha acusado de "comprar" tiempo en Moncloa "con un nuevo cheque en blanco a Junts", Podemos ha considerado "peligrosas" las nuevas cesiones y Compromís ha recordado al Ejecutivo que el de Puigdemont "no es el único socio con el que tiene que cumplir".
Subida salarial a los funcionarios
Más allá, López ha aprovechado para destacar la aprobación por vía real decreto -que deberá ratificar el Parlamento- del acuerdo salarial con los principales sindicatos de la función pública. El pacto incluye un alza de la remuneración de los empleados públicos del 11% entre 2025 y 2028. Para ello, se acometerá una subida de sueldo del 2,5% este año en un solo pago retroactivo. Posteriormente se contemplan alzas del 1,5% fijo más 0,5% variable en 2026 (si la inflación supera el 1,5% el próximo año); el 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
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