La patronal del alquiler de corta estancia cifra en 33.000 euros de media las pérdidas de los propietarios por la cancelación de reservas y los gastos de gestión del número de registro anulado por el Supremo.
El nuevo revés judicial que el Gobierno recibió el jueves en materia de vivienda, en forma de anulación del registro único de alquiler de corta duración, abre un nuevo frente de batalla en los tribunales. La decisión del Supremo podría generar reclamaciones de los propietarios de pisos turísticos por valor de hasta 166 millones de euros, que debería asumir el Estado tras haber invadido competencias autonómicas, al imponer la obligatoriedad de obtener un número de referencia para poder anunciarse en las plataformas digitales, como Airbnb o Booking.
Así lo aseguran desde la patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, que cifra en 33.000 euros el coste medio por propietario que ha supuesto el registro único de alquiler, debido a las revocaciones, los bloqueos y los problemas derivados del trámite que han tenido que efectuar desde mediados del año pasado para poder operar. "No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico", afirma Silvia Blasco, presidenta de la organización, "sino de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar".
Cientos de miles de reclamaciones de propietarios contra el Estado
En opinión de Fevitur, el sistema impuesto por el Gobierno trasladó a los registradores de la propiedad "una función habilitante que iba mucho más allá de la mera identificación administrativa, permitiéndoles verificar cuestiones urbanísticas que condicionaban la validez del número", una cuestión que habría condicionado el permiso para operar de miles de propietarios cuyas viviendas estaban "legalmente inscritas en los registros autonómicos, tributando y sometidas a inspección". Según sus propios datos, hasta 64.000 pisos turísticos habrían quedado fuera del registro a pesar de cumplir con la normativa de su comunidad autónoma.
Los propietarios apuestan por reclamar patrimonialmente al Estado no sólo por las tasas abonadas a los registradores -cuyo impacto económico se estima en 20 millones de euros-, sino también por las pérdidas que el nuevo registro ha ocasionado en el sector. Una posibilidad que los juristas consultados por EXPANSIÓN reconocen factible.
Teniendo en cuenta que más de 300.000 propietarios abonaron las tasas para obtener el número de registro obligatorio, y que alrededor de 50.000 habrían decidido sacar sus viviendas del mercado turístico tras la entrada en vigor del registro, el número de reclamaciones podría ascender a varios cientos de miles.
Fuentes del Colegio de Registradores afirman que los profesionales "recibieron un mandato que han cumplido con eficacia", por lo que no son ellos los responsables del varapalo judicial del Supremo. Por ello, "será el Estado que aprobó el registro ilegal quien deba hacerse cargo, si así se termina estableciendo, de las pérdidas patrimoniales ocasionadas a los propietarios", explican los juristas.
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