El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ve indicios de malversación en contratos que fueron adjudicados y validados por Adif con una empresa de la trama del exministro José Luis Ábalos, según confirman a EL MUNDO fuentes de la institución.
Martín-Granizo ha solicitado, según estas fuentes, el traslado del caso a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, facultada para obligar a altos cargos de la época que sean considerados los responsables a devolver de su bolsillo dinero público malversado.
El fiscal se basa en el duro informe del Tribunal de Cuentas que, tal y como publicó este diario el pasado domingo, detectó posible amaño de contratos de Adif con la constructora OPR, una de las claves de la trama, en los años 2021 y 2022.
El PSOE y sus socios de investidura han relativizado hasta ahora el alcance de la trama al limitarla a personas aisladas y no demostrarse que hubiera financiación irregular de partidos políticos, pero el paso que da el fiscal es peor políticamente, porque habría producido daño directo a los contribuyentes mediante amaños de concursos públicos que podrían haber resultado más baratos para Adif.
El Tribunal de Cuentas cuestiona, entre otros, dos contratos financiados con fondos europeos adjudicados a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que participaba OPR por valor de 21 y 65 millones de euros, respectivamente. Son los contratos que señalan dos denuncias internas recibidas por Adif en 2022 por parte de la empresa pública colaboradora Ineco y empleados públicos. En el primero presidía Adif Isabel Pardo de Vera con Ábalos aún de ministro. En el segundo, la presidenta era María Luisa Domínguez y la ministra, Raquel Sánchez.
El grupo estatal ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes revisó el trato a OPR durante la etapa de Ábalos tras analizar las denuncias, pero terminó archivando ambas en marzo de 2023 y validando todas estas adjudicaciones. Pero lo hizo con "laxitud" y "sin el rigor exigible", según el Tribunal de Cuentas. Apenas semanas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió recuperar a Ábalos, al que había cesado en junio de 2021 al frente de Transportes, como diputado por Valencia.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, "las dos denuncias versaban sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor en los procedimientos de adjudicación para favorecer a un determinado licitador". Y "en cuatro de los seis expedientes que fueron objeto de denuncia, dicha alteración de puntuaciones modificó la clasificación global y la selección del adjudicatario".
El consejero del Tribunal de Cuentas que ha elaborado el informe es el jurista nombrado a propuesta del PP, José Manuel Otero Lastres, y está firmado por la presidenta, Enriqueta Chicano, nombrada por el PSOE. El procedimiento iniciado por el fiscal del Tribunal de Cuentas es el habitual cuando hay indicios de lo que llama este organismo "responsabilidad contable". No tiene carácter penal, pero sí implica un mal uso de fondos públicos que fuerza a sus responsables a devolver. Es, por ejemplo, el proceso que mantiene el Tribunal de Cuentas abierto a Carles Puigdemont y una treintena de dirigentes independentistas por el procés, tras negarse por ahora a aplicar la amnistía.
En el caso de los contratos de Adif se trataría de demostrar que, al amañar licitaciones, el coste para el grupo estatal -y, por tanto, para el contribuyente- fue mayor que si se hubiera adjudicado a la oferta más adecuada técnica y ecónomicamente.
La actuación de Adif criticada por el Tribunal de Cuentas provocará una reacción del Partido Popular. De momento, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, publicó este lunes en su cuenta oficial de equis la información de EL MUNDO y afirmó: «Ante las denuncias de los funcionarios sobre presuntos amaños en contratos públicos, Adif las archivó, el Gobierno desoyó los avisos y Sánchez recuperó a Ábalos en las listas del PSOE». Y añadió: «¿Contundencia? Esta es su actuación ante la corrupción: todo lo sabían y todo lo taparon».
La conclusión del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones de Adif con las denuncias es ésta: "Carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados, debiendo ponerse de manifiesto la laxitud con la que se afirma la regularidad y la legalidad de los procedimientos de adjudicación afectados, pese a las debilidades que ofrecen los pliegos, las irregularidades en las que incurren los informes de valoración o la falta de motivación de los informes periciales".