- JAVIER AYUSO
En La Moncloa siguen pensando que la crisis de la vivienda les puede servir para hacer olvidar la dramática situación de Ceuta, dos meses después de la invasión de finales de julio.
Las tiendas de campaña de Quechua en la Puerta del Sol de Madrid y las chabolas de las playas de Ceuta tienen acorralado a un Gobierno sin mayorías ni fuerzas para actuar. Aunque Pedro Sánchez es un mago para “hacer de la necesidad virtud” y ha puesto en marcha una doble estrategia con tintes electoralistas. Por un lado, olvidarse de que lo de la ciudad autónoma era una “agresión a la integridad nacional” para convertirlo en una crisis humanitaria y, por otro, aprobar dos decretos de dudosa eficacia para hacer como si se enfrentara de verdad al problema de la vivienda que ha ignorado durante ocho años.
El Consejo de Ministros aprobó el martes varios decretos destinados a responder a la indignación popular por el penúltimo desahucio en España y la carestía de la vida, y dejó en un cajón las medidas previstas para acelerar la devolución de los miles de migrantes (seguimos sin saber cuántos hay) que deambulan por las calles de Ceuta. La vivienda y la inmigración serán, sin duda, dos de los ejes de la próxima campaña electoral de 2027. También dejó sin siquiera estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, cuyo plazo constitucional caducó ayer. Por cuarto año consecutivo, el Ejecutivo no podrá aprobar unas cuentas públicas.
En una carrera contra el reloj, los socialistas del Gobierno concluyeron la redacción no de uno, sino de dos decretos ley sobre la vivienda. Se podrían calificar como los decretos de Junts y de Sumar. Hasta el viernes no se sabrá si reciben el visto bueno en el Congreso de los Diputados, pero, por si acaso, optaron por no publicar en el BOE de ayer el cedido a sus socios. Hay quien dice que no ha habido tiempo para afinar algunos flecos (¿cómo se puede aprobar una disposición sin estar terminada?), pero es más creíble que no lo hayan hecho para evitar que entre en vigor y luego sea cancelado por el Parlamento.
Sea como fuere, el primero de los decretos incluye toda una batería de medidas, entre las que destacan la prohibición de desahucios hasta 2030, la prohibición de compra de viviendas por fondos buitres hasta 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, prórroga de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, impuesto del 10% a los pisos turísticos, líneas de crédito para la compra de primera vivienda, rebajas fiscales a propietarios e inquilinos, rebaja del IVA al 4% para la construcción de viviendas, o mayores recargos en el IBI para viviendas vacías. En La Moncloa pensaban ayer que lo podrán sacar adelante el viernes en el Congreso, aunque Junts y Podemos todavía no han dado su sí.
Lo que resulta chocante de ese decreto es que en su preámbulo se haya incluido una especie de mitin electoral sin sentido para una disposición legal. “Mari Carmen Abascal no es sólo un número”, dice el texto, “es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa digna”. Además de no tener cabida en un decreto ley, el Gobierno se olvida de que los principales cambios legales contra los alquileres de renta antigua y las prórrogas de los contratos los hicieron los socialistas.
El segundo decreto
El segundo decreto, impuesto por Sumar, establece la prórroga automática de los alquileres y la obligación de los alquileres indefinidos. Algo que tiene prácticamente asegurado el voto negativo del Parlamento, pero que servirá al partido de la izquierda radical para buscar su última oportunidad electoral, intentando agrupar a las fuerzas izquierdistas y a los indignados en torno a las siglas del Frente Amplio. Pretenden recibir un impulso similar al que recibieron los fundadores de Podemos tras el 15-M, hace ahora quince años.
En La Moncloa siguen pensando que la crisis de la vivienda les puede servir para hacer olvidar la dramática situación de Ceuta, dos meses después de la invasión de los días finales de julio. Pero es imposible que los medios de comunicación y que las fuerzas políticas dejen de reclamar soluciones para un problema que corre el riesgo de cronificarse. A Sánchez no le ha funcionado el relato de convertir la situación en una “crisis migratoria” y erigirse como el líder de la solidaridad y la justicia social.
El martes, el rey Felipe recordó en una cena de gala con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y en presencia del español “la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea”. Pedro Sánchez frunció el ceño y se dio cuenta de que los españoles no van a olvidar la pésima gestión del “ataque a la integridad nacional”.
Tampoco lo va a olvidar la Justicia. Ayer mismo la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón tomó declaración como testigo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien afirmó que intentó contactar con Sánchez hasta diez veces antes de la invasión y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones. Luego le dijeron que el cauce para trasladar sus peticiones debería ser la Delegación del Gobierno. Las declaraciones continuarán en los próximos días, mientras la jueza sigue recabando información sobre lo sucedido. Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue sumida en el caos.
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