El Consejo de Ministros aprueba una compensación para arrendadores que sufran impagos de inquilinos menores de 35 años o personas vulnerables.
La campaña del Gobierno por reconquistar el apoyo de Junts para tratar de amarrar la segunda mitad de la legislatura prosiguió ayer con la aprobación de un nuevo compromiso pendiente con el partido de Carles Puigdemont que se une a los ya aprobados la pasada semana. En esta ocasión, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una cobertura frente a impagos para los propietarios de inmuebles en alquiler que sufran impagos de inquilinos jóvenes o pertenecientes a colectivos vulnerables.
La medida, que fue anunciada por la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, vuelve a aprobarse por la vía urgente del Real Decreto-ley. Este articula la creación de una cobertura frente a impagos de alquiler que gestionarán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El objetivo de ofrecer un mayor grado de protección a los propietarios de vivienda en alquiler, cubriéndoles frente al riesgo de impago por parte de inquilinos menores de 35 años o de personas vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Las regiones, que gestionarán este aval, podrán incorporar requisitos adicionales.
Las compensaciones permitirán cubrir tanto el impago de las rentas como otros posibles costes ligados a suministros o daños a la vivienda. "Lo que estamos haciendo es dar un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país", reivindicó Alegría. La medida, sin embargo, llega solo una semana después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociese retrasos e incumplimientos de los acuerdos alcanzados con Junts y citara la aprobación concreta de esta medida entre las iniciativas que pensaba impulsar para recuperar el apoyo parlamentario del grupo independentista.
Ya una semana antes, el Consejo de Ministros aprobó un primer paquete de medidas destinadas a contentar a los neoconvergentes. El paquete pasaba por ceder a Cataluña las competencias en la gestión del empleo público, por retrasar en un año el sistema Verifactu de facturación electrónica bajo control de Hacienda y por flexibilizar las inversiones sostenibles de los ayuntamientos. Poco después, y en la misma línea, el PSOE acordó con el PP agilizar la Ley que endurece el Código Penal contra multirreincidentes que impulsó Junts.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ya advirtió de que en cuanto a compromisos pendientes de cumplir "la lista es larga", y reclamó otros como la cesión a la Generalitat de las competencias migratorias; la aplicación integral de la Ley de Amnistía para facilitar la vuelta a España de su líder, prófugo de la Justicia por el procés; la publicación de las balanzas fiscales; el incremento de las ejecuciones presupuestarias en Cataluña; convertir el catalán en una lengua oficial europea; o aprobar una ley antiokupas.
La medida de ayer viene a reducir la lista de compromisos pendientes en un momento de gran debilidad parlamentaria del Gobierno, que encara mañana una segunda derrota de su senda fiscal.
A su vez, Gobierno promovió ayer la transformación de la sociedad estatal del suelo Sepes en el ente bautizado como Casa 47, que prevé una inversión de 13.000 millones en 10 años para ampliar el parque público de vivienda en un 8%.
Condonación de deuda
En paralelo, el Gobierno ejecutó ayer otro movimiento clave para contentar a las fuerzas independentistas catalanas al poner definitivamente en juego su propuesta de quita de deuda para las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros aprobó así en segunda vuelta el proyecto de ley del plan de condonación de deuda por el que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de euros de la carga de las regiones que así lo soliciten voluntariamente. Una iniciativa pactada con ERC para la que se aspira a captar el apoyo de Junts.
Semejante traspaso de la carga de endeudamiento supondría para las comunidades autónomas un ahorro de 6.700 millones de euros en intereses de la deuda que el Gobierno sostiene que podrán utilizar para reforzar sus servicios públicos. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que la regla de gasto europea les impedirá gastarlos.
La portavoz del Gobierno defendió que es una "ley fundamental" que a las comunidades autónomas que lo soliciten les "permite corregir el sobreendeudamiento derivado de la crisis financiera de 2010 a 2013 y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados". Más allá, Alegría recordó que las comunidades autónomas recibirán en 2026 una financiación récord de 157.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7% más de lo que han recibido en este año 2025.
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