Las solicitudes presentadas para acogerse al proceso extraordinario regularización de inmigrantes ascienden finalmente a 1.174.978, según el recuento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que capitanea Elma Saiz, dos días después de que concluyera el plazo para registrarlas. La cifra dobla las previsiones que el Gobierno viene compartiendo desde que el Consejo de Ministros aprobó esta medida el pasado 14 de abril. Entonces se apuntaba a medio millón; hoy son más del doble.
Si atendemos a la procedencia de los solicitantes, el 67% de las solicitudes han sido presentadas por personas de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% de las solicitudes; Marruecos, el 13,4%; Venezuela, el 11,7% y Perú un 8,8%.
Sólo Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 54,8% de las solicitudes: 257.000, 220.000 y 167.000, respectivamente. En Andalucía, por su parte, se han registrado 161.000.
Casi el 52% de estos expedientes (608.000) ya están en fase de tramitación. Sólo la admisión a trámite conlleva que los solicitantes obtengan un permiso temporal de residencia y trabajo. Está previsto que el Ministerio ofrezca más datos a lo largo de esta mañana para hacer balance de la primera fase de un procedimiento que no ha quedado exento de polémicas.
Empezando por la última, surgida a raíz de una providencia del Tribunal Supremo en la que los magistrados plantean "dudas" sobre la compatitibilidad del procedimiento con la normativa europea. Dado que cabe la posibilidad de que el Alto Tribunal paralice el procedimiento si opta por elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Gobierno va a "agilizar" la admisión a trámite de las solicitudes para evitar que ningún solicitante vea su proceso pausado ante la decisión de los magistrados, si así la tomaran. El Ejecutivo confía en que el TS no congele la medida aunque opte por elevar al TJUE una cuestión prejudicial.
Estos son los primeros datos oficiales disponibles sobre el histórico proceso que lleva en marcha desde el pasado 16 de abril, cuando se abrió el plazo para presentar las solicitudes. El departamento de Elma Saiz insistió en que los ciudadanos debían informarse por canales oficiales, pero dejó de proporcionar información por esas mismas vías acerca de la evolución del proceso apenas dos días después de que arrancara.
El Gobierno no había hecho pública la cifra de solicitudes, a la espera de que cerrara el plazo de presentación de las mismas para poder hacer un filtrado que eliminara duplicidades o errores. Sea como fuere, los solicitantes que hayan presentado su documentación incompleta, aún disponen de un plazo de 15 días adicionales para subsanar las lagunas en su solicitud.