- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
El Gobierno ha hecho público el borrador de real decreto de resiliencia de las redes, iniciativa puesta en marcha a raíz de la rápida caída de las redes móviles como consecuencia del apagón del 28 de abril. La novedad más destacable es que establece tres jerarquías de redes, de forma que habrá una parte de la red que se considerará de primer nivel, otra de nivel intermedio y el resto, cada una con un plazo de resiliencia eléctrica diferente. Así, según señala el comunicado del Ministerio de Transformación Digital, "en el caso de que haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas. Las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto deberá tener garantizada la operatividad durante cuatro horas. En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población."
Para garantizar la operatividad en caso de apagón es necesario equipar los emplazamientos de telefonía móvil con baterías eléctricas (caras y pesadas y que hay que reemplazar periódicamente) o con generadores de gasóleo. Es más sencillo hacerlo en las torres situadas en el campo y más complicado en las azoteas de los edificios en las ciudades, que es donde se encuentran la inmensa mayoría de las antenas de telefonía móvil en las ciudades. Esa dificultad responde a que primero es necesario lograr el permiso de las comunidades de propietarios y, además, muchas cubiertas no están preparadas para soportar el sobrepeso que supondría estos equipamientos. Aún así, muchos de los emplazamientos en España ya están equipados con este tipo de dispositivos.
Pero reforzar la capacidad de resiliencia de las redes puede tener un coste millonario tanto a las telecos (Telefónica, Masorange, Vodafone y Digi, las que tienen red propia) como a las empresas de torres como American Tower, Cellnex, Totem y Vantage Towers que sólo afrontarán ese gasto si hay un contrato detrás con los operadores que les garantice una rentabilidad a la inversión, elevando así el gasto de las telecos.
Priorizar inversión
Y en un escenario en que los operadores de telecomunicaciones atraviesan dificultades económicas y restricciones a la inversión, la obligación de destinar más recursos a robustecer la resiliencia eléctrica supondrá poder destinar menos a otras partidas como el aumento de la capacidad o de la cobertura.
En ese sentido, el Ejecutivo apunta, en el borrador del real decreto que en torno al 30% de los 10.400 emplazamientos de red que serían necesarios para dar cobertura al 85% de la población del país ya disponen de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante 4 horas, de manera que el número total de emplazamientos que habría que reforzar se sitúa en alrededor de 7.280. Los cálculos del Ministerio para la Transformación Digital apuntan que la inversión unitaria necesaria por emplazamiento, con un 30% de descuento por volumen, es de unos 7.000 euros, por lo que en base a estas estimaciones el Gobierno considera que el coste, de entre 51 y 73 millones de euros, es "proporcional y equilibrado".
Sin ayudas públicas
Por otro lado, el Ejecutivo remarca en el texto de la propuesta normativa que el impacto presupuestario derivado de la implementación de estas medidas para el Estado sería "nulo" dado que las funciones de supervisión, coordinación y respuesta pueden apoyarse en estructuras ya existentes y que este proyecto no contará, al menos inicialmente, con ayudas públicas ni subvenciones del Estado.
El texto que se somete desde hoy y hasta el próximo 8 de enero a audiencia pública también recoge que las redes y servicios de telecomunicaciones, así como determinadas infraestructuras digitales, son calificadas como instalaciones y servicios de "carácter esencial en situaciones de emergencia".
"Por tanto, en una emergencia, todas las autoridades, órganos administrativos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán y contribuirán para facilitar su recuperación o mantenimiento", ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital en un comunicado.
Nuevas obligaciones
Las obligaciones del real decreto afectan, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España (como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Digi, por ejemplo) y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.
La nueva normativa también afectará a aquellos que estén designados como operadores críticos o presten servicios de emergencia, entre otros, si bien no se aplica a las redes vinculadas a la seguridad nacional ni a defensa.
Telefónica y Cellnex recurren el concurso para la red de fibra de la Generalitat a Sirt y HuaweiEl Gobierno excluye a Telefónica del contrato de Ciberseguridad del Estado y amenaza su otro contrato para la red nacionalTelefónica encalla en la adjudicación del mega contrato de ciberseguridad para el Estado Comentar ÚLTIMA HORA