Trabajo propone un incremento de 37 mensuales por catorce pagas tras retomar las negociaciones con sindicatos y patronal.
Ni el 7,5% que pedían los sindicatos, ni el 1,5% que había puesto sobre la mesa la patronal, el Gobierno desveló ayer su propuesta de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año: un 3,1% o, si se prefiere, un aumento de 37 euros mensuales por catorces pagas, hasta situar la cuantía mensual en 1.221 euros al mes.
Así lo ha comunicado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras reunirse con representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en el marco de un encuentro que ha calificado de "franco, sincero y muy constructivo por parte de todas y cada una de las organizaciones".
La propuesta del Gobierno se sitúa así en la banda baja de la horquilla planteada en su día por el comité de expertos de Trabajo, de entre el 3,1% y el 4,7%, ya que Trabajo ha conseguido el compromiso de Hacienda de que, con ese incremento, el nuevo SMI estará exento del pago del IRPF.
"Hemos dejado claro que esa subida del 3,1%, como hemos venido diciendo y ha manifestado en reiteradas ocasiones la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), es una subida que debe quedar exenta de tributación", afirmó Pérez Rey, quien añadió que "por tanto, también nos hemos comprometido con los interlocutores sociales a que no paguen impuestos aquellas personas que están percibiendo el SMI".
Alzas salariales y contratos públicos
Ahora, la pelota está en el tejado de los agentes sociales, que analizarán la propuesta de Trabajo y la valorarán con sus órganos de gobierno internos antes de pronunciarse sobre un incremento que a los sindicatos se les queda corto y a la patronal largo, aunque el Gobierno quiere sumar a la foto este año a la patronal, que en los últimos cuatro ejercicios se ha desmarcado de las alzas del SMI, pactadas unilateralmente entre Ejecutivo y organizaciones sindicales. Para ello, Trabajo se ha comprometido a explorar "con los ministerios competentes" fórmulas para relajar las normas de desindexación en la contratación pública; esto es, a impulsar que se tengan en cuenta los continuados incrementos en el SMI en los importes de los contratos públicos, aunque sea parcialmente.
La revisión de los contratos públicos al calor de las constantes subidas del SMI es una de las viejas reivindicaciones de CEOE y Cepyme, que desde hace años reclaman sin éxito al Gobierno poder trasladar a sus contratos con las Administraciones ese incremento de costes laborales, que merman la rentabilidad de las licitaciones públicas.
El propio Ministerio de Trabajo, junto a los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, han venido respaldando esa petición, con el argumento de que "no tiene mucha lógica" que las empresas no puedan repercutir en los precios de licitación de los contratos públicos "algunas de las subidas laborales", ha señalado este miércoles Pérez Rey, quien no obstante ha arrojado el balón del problema a lo que digan "los ministerios competentes" y en especial Hacienda, que hasta ahora se ha erigido en un muro infranqueable.
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