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El Gobierno aprueba una nueva adenda al plan de recuperación que simplifica los objetivos pactados con la UE a cambio de las transferencias 'Next Generation', que apenas tiene ocho meses para desbloquear, mientras rechaza el 72% de los préstamos blandos.
En plena recta final de la carrera por desbloquear las ayudas europeas, que culmina el próximo agosto, el Gobierno ha optado por cambiar las reglas del juego para eliminar las barreras que más le complicaban el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas a cambio del dinero y por soltar todo el lastre posible. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda al Plan de Recuperación que suaviza los compromisos pendientes para desbloquear los 25.000 millones de euros en fondos no reembolsables que restan por cobrar del programa Next Generation y por la que renuncia a 60.000 millones en créditos blandos.
"La propia Comisión Europea el pasado junio solicitaba a los Estados miembros que revisáramos nuestros Planes para simplificarlos, para agilizar los procesos, de tal forma que fuéramos capaces de maximizar la llegada de fondos a nuestra economía, optimizando el uso del dinero", recordó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar la adenda, explicando que lo mismo están haciendo otros 22 países.
Hasta la fecha, detalló Cuerpo, España ha accedido a un total de 71.000 millones de euros del programa Next Generation, incluyendo 55.000 millones en trasferencias a fondo perdido y 16.000 en créditos blandos, que calcula han aportado 2,6 puntos de PIB a la economía española.
De la lado de las ayudas no reembolsables, concretamente, el Gobierno ha desbloqueado 55.000 de los 79.854 millones de euros disponibles para España, y Cuerpo aseveró que la adenda está diseñada para garantizar que el país acceda a los 25.000 millones restantes con mayor facilidad.
En paralelo, la adenda supone la renuncia oficial al 73% de los 83.154 millones de euros en préstamos comunitarios, evitando al país cumplir los hitos relacionados. España, que hasta ahora solo ha solicitado 16.000, solo aspira ya a alcanzar 22.800 millones, argumentando que estos créditos se diseñaron cuando la pandemia de Covid dificultaba el acceso a financiación, con un coste 70 puntos básicos superior para España del que podía lograr la Comisión Europea, pero que "esa brecha prácticamente ya se ha cerrado". Esos recursos, dijo Cuerpo, "van a seguir disponibles pero como una red de seguridad nacional, no europea"
España, detalló el ministro de Economía, es el segundo país en hitos cumplidos del Plan de Recuperación (tras Italia), con más de 260, primando entre ellos las reformas estructurales (160 hitos, el 80% del total) como la reforma laboral, el impulso de la ley crea y crece, la ley de startups, o la ley de ciberseguridad 5G, cuyo impulso habría permitido que "la economía española se esté recuperando sin cicatrices" de la crisis del Covid a la vez que se moderniza, reivindicó.
El objetivo con la adenda, sostuvo Cuerpo, es "adaptarnos al nuevo contexto, para reforzar las prioridades estructurales, simplificar procesos y hacer mejor uso de los fondos". En primer lugar, la adenda que España lleva semanas negociando con Bruselas y que requiere del aval de la Comisión Europea, pone el foco en la "simplificación" de los compromisos pendientes, suavizando un total de 160 medidas, con una "reducción de la carga administrativa", que facilita por ejemplo la verificación del cumplimiento. También se eliminan los hitos intermedios, las medidas ambiguas o cualquier "especificación innecesaria".
En segundo lugar, aseguró Cuerpo, supone un "refuerzo de las prioridades estratégicas" del Plan, con nuevas inversiones como los 300 millones para programas europeos de supercomputación, o los 2.500 millones movilizados a inversiones en descarbonización o transición energética.
En tercer lugar, prosiguió el ministro, se garantiza "el mantenimiento del grado de ambición del Plan" al renunciar a dos tercios de los fondos para apostar por la consecución del 100% de las transferencias. De tal modo, España aspira a cobrar 103.000 de los 163.000 millones que la UE puso a su disposición.
Para lograr sus nuevos objetivos, el Gobierno ha aprovechado la adenda para sortear la necesidad de aprobar ciertas leyes en un Parlamento en el que cada vez tiene más dificultades para sacar iniciativas adelante. Así, admitió Cuerpo, el compromiso de aprobar una Ley del Suelo ha sido sustituido por la creación de la empresa pública del suelo a través de SEPES. A su vez, el Gobierno ya cuenta con desbloquear 10.000 de los 25.000 millones pendientes tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Sin embargo, reconoció Cuerpo, la UE aún seguirá exigiendo a España la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, un compromiso al que el Ejecutivo no renuncia -pese a no contar con votos para sacarlo adelante- y por el que se juega perder 460 millones (1.100 millones en total junto a incumplimientos por la falta de compensación a funcionarios interinos y la modernización de la administración).
Entre las novedades de la adenda también se encuentra una inyección de capital de 13.000 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que consolida su capacidad para financiar la economía española tras las ayudas europeas.
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