El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presenta ante Bruselas una propuesta de revisión integral del marco jurídico europeo para reconocer el derecho al secreto profesional de los abogados de empresa.
Desde hace décadas, la Comisión Europea sostiene que el denominado legal professional privilege (LPP) protege únicamente las comunicaciones de clientes con abogados externos, en una interpretación que excluye a los in-house.
Ante esta problemática, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acaba de presentar ante Bruselas un documento de posicionamiento que solicita una revisión integral del marco jurídico europeo para reconocer el derecho al secreto profesional de los abogados de empresa.
La doctrina vigente, que deja fuera a los in-house, entiende que estos profesionales carecen de independencia suficiente por tener una relación laboral con la empresa. Por ello, ha sido criticada por diversos actores jurídicos, y ahora el ICAM da un paso adicional al pedir a Bruselas una revisión profunda, basada en derecho, evidencia y evolución institucional.
"La exclusión automática del secreto profesional del abogado in-house es una anomalía que vulnera derechos fundamentales y perjudica la cultura de cumplimiento empresarial", afirma Teresa Mínguez, diputada del ICAM responsable del área internacional y UE. Mínguez, que ejerce el cargo de directora de asuntos legales y compliance de Porsche Ibérica, es la autora del documento recién presentado ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
En esta solicitud, el ICAM insta a eliminar la exclusión automática del legal professional privilege (LPP) para los abogados in-house, una restricción vigente desde los fallos AM&S Europe (1982) y Akzo Nobel (2010), que considera "formalista, obsoleta y jurídicamente insostenible" en la actualidad.
Mínguez subraya que el secreto profesional debe seguir a la función jurídica y no al vínculo laboral. Así, la ubicación organizativa del abogado carece de relevancia jurídica real. "Hoy más que nunca, proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre cliente y abogado es una garantía fundamental. Y eso incluye también al abogado in-house, cuya función jurídica debe estar igualmente protegida", afirma.
El documento recoge una crítica al enfoque tradicional de la Comisión, a partir de seis bloques de argumentación. En primer lugar, alude a evolución jurisprudencial del TJUE, que en sentencias recientes ha establecido que el secreto profesional es un derecho fundamental que no sólo cubre la defensa judicial, sino también el asesoramiento jurídico general.
También se apoya en el Convenio Europeo para la Protección de la Profesión de Abogado, aprobado este año por el Consejo de Europa, que aboga por la protección de toda persona cualificada para ejercer la abogacía. Otros argumentos tienen que ver con las tendencias legislativas en los Estados miembros y a escala global, así como el papel que desempeñan los abogados in-house desde las empresas en el diseño y supervisión de programas de cumplimiento, auditoría legal, prevención de riesgos y cooperación con las autoridades.
Por lo tanto, el ICAM propone sustituir el criterio formalista actual por un enfoque funcional y deontológico que reconozca el secreto profesional a los in-house cuando se acredite su independencia profesional mediante estatutos, códigos internos o cláusulas contractuales.
En España, el Estatuto General de la Abogacía Española recoge de forma expresa el deber y derecho al secreto profesional como un pilar esencial de la profesión, aplicable a todos los abogados, con independencia de su modalidad de ejercicio. De hecho, el artículo 32 aclara que "el deber de guardar secreto profesional y el derecho a no declarar sobre los hechos protegidos por este secreto alcanza a todos los abogados en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la forma en la que la ejerzan".
Como parte del proceso de escucha institucional abierto por la Comisión, el ICAM solicitará la presentación y defensa pública de su documento para la revisión del estado actual del secreto profesional para la abogacía in-house.
Teresa Mínguez subraya que "nuestro objetivo es defender a todos los abogados, sin excepciones, y garantizar que el secreto profesional no dependa del tipo de contrato laboral, sino de la función jurídica que ejercen. Sin confidencialidad no hay defensa, y sin defensa no hay justicia".
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