El ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini declaró ayer ante el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Respondió a su abogado, a las defensas, al fiscal jefe de Anticorrupción y al propio magistrado instructor, al que no convenció: los indicios de delitos de cohecho e incluso de pertenencia a organización criminal que llevaron a Leopoldo Puente a citarle como investigado quedaron incólumes pese a sus explicaciones. «Indicios aquéllos que en nada definitivo se modifican con lo hoy declarado por el Sr. Vicente Pelegrini», escribió el instructor en el que tras la declaración le impuso medidas cautelares.
El ex director de Acciona Construcción -despedido una vez que la UCO le señaló en sus informes- tendrá que comparecer cada 15 días y no salir de España, como reclamó el fiscal jefe Alejandro Luzón y respaldaron las acusaciones populares. Las mismas cautelares se impusieron a Tomás Olarte, subordinado de Pelegrini.
El juez y el fiscal pidieron explicaciones a Pelegrini por los encuentros con el empresario Antxon Alonso y, sobre todo, por la presencia en algunos de ellos del ex dirigente socialista Santos Cerdán.
«Yo intento conocer a mucha gente, conocer cuál es la opinión en diferentes partidos políticos sobre el mercado, o sobre diferentes inversiones, o qué se puede hacer, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer», alegó. El juez le preguntó por un encuentro de 2017, que Pelegrini justificó en que quería saber «qué opinaba» sobre el proyecto de Mina Muga en Navarra. Cuando Puente insistió en por qué en concreto Cerdán, las respuesta que se había reunido con otros representantes de la sociedad.
Antxon Alonso era en 2016 -año al que se remontan las investigaciones- dueño de la recién constituida Servinabar, que se alió con Acciona garantizándole adjudicaciones públicas a cambio de una comisión del 2% de la obra, según la investigación de la UCO. Cerdán se hizo con el 45% de la pequeña empresa y era el encargado de lograr las licitaciones con su «indebida influencia». El investigado declaró ayer que el hecho de que seis días después de uno de sus encuentros se firmase un acuerdo con Servinabar fue «una coincidencia».
A Cerdán, al que conoció en 2014 por iniciativa propia, le veía un par de veces al año; a Antxon, muchas, dijo.
Al fiscal jefe le dijo que Acciona contrató a una empresa recién creada porque lo que les interesaba era Antxon Alonso. Y que no sabía que el dirigente socialista era copropietario de Servinabar. Añadió que a Servinabar respondían a servicios reales de prevención de riesgos y no eran una comisión ilegal, pese a que la vaguedad de las facturas y las circunstancias de la empresa -pequeña y recién creada- llevan a la UCO a sospechar que era poco más que una tapadera para las mordidas.
En el auto dictado ayer, el juez indica que en las «varias reuniones» de los tres y en sus comunicaciones adoptaban, «medidas de seguridad». El investigado no dio ayer una justificación razonable a ese comportamiento: «Alguna de las reuniones se celebró en un piso alquilado en Madrid por Servinabar con este fin por Servinabar. Empleaban alguno de ellos para sus comunicaciones la aplicación Threema (pretendidamente más segura que las más generalizadas aplicaciones equivalentes), apagaban sus respectivos teléfonos durante el desarrollo de las reuniones o se mostraban en pantalla, en particular el Sr. Vicente Pelegrini, documentos relativos [...] a determinadas obras en proceso de adjudicación en el curso de sus reuniones telemáticas».
Pelegrini fue preguntado «expresamente» por ese comportamiento, «sin que haya aportado una explicación razonablemente atendible, señalando que lo hacía únicamente para que el Sr. Alonso Egurrola pudiera tomar nota de los temas tratados en la reunión (en la que, evidentemente, el propio Sr. Alonso se encontraba presente)».