De todos los acuerdos que el PP y Vox llevan suscritos en las comunidades autónomas, el de Andalucía es el de menos impacto y el que tiene una carga ideológica y presupuestaria más limitada. Juanma Moreno ha conseguido rebajar al mínimo el volumen de las cesiones, reduciendo a una consejería con rango de vicepresidencia el peso de Vox en su gobierno de coalición. El pacto andaluz marca, por tanto, el suelo en el contexto de la negociación en el conjunto de España del PP y Vox y permite fijar un nuevo modelo de cara a futuros acuerdos entre ambas fuerzas políticas.
Pero nada de eso significa que sentar a Vox en el Consejo de Gobierno de la Junta haya sido un trago fácil para el barón que más ha presumido de representar la zona más templada del arco político o de practicar una política alejada de las batallas culturales y los extremismos ideológicos que polarizan a la ciudadanía y enrarecen el clima social. Sobre todo, porque él mismo puso muy alto el listón cuando criticó el «eslogan hueco» de la «prioridad nacional» que habían asumido sus homólogos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, o cuando reivindicó su derecho a gobernar en solitario pese a haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Finalmente, el pragmatismo se ha impuesto y Juanma Moreno ha firmado un acuerdo que calca prácticamente el programa pactado en esas otras tres comunidades autónomas, con la «prioridad nacional» como bandera, pese a ser una prioridad nacional descafeinada.
«Al final, en una negociación todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera y así lo hemos hecho para que esto sea posible. De lo contrario, ahora estaríamos hablando de un bloqueo que no le interesa al conjunto de los ciudadanos», afirmó ayer Moreno durante su comparecencia junto al portavoz de Vox y próximo vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, que asumirá en una única consejería las competencias de Desregulación, Turismo, Justicia y Administración Local.
En el organigrama actual de la Junta esas competencias están repartidas en tres consejerías diferentes, teniendo en cuenta que eso que Vox llama «desregulación» puede asemejarse a lo que el PP andaluz introdujo en su organigrama como «simplificación administrativa». Pero sólo habrá un miembro de Vox en el Consejo de Gobierno, que gestionará en torno a 1.200 millones de euros de un prespuesto global de 51.600 millones de euros, es decir un 2,3%. Y a ese papel limitado se agarra el PP andaluz para reivindicar el éxito (relativo) de la negociación. Vox asume un paquete de competencias muy similar al que en su día gestionó el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, según recordó durante su intervención ante los periodistas el propio presidente en funciones.
El acuerdo desbloqueó la investidura y convirtió a Juanma Moreno en el presidente con más apoyos de la historia de Andalucía, ya que recibió los votos de 68 de los 109 diputados de la Cámara autonómica (53 del PP y 15 de Vox), lo que supone una mayoría muy cualificada, por encima de los tres quintos de la Cámara. Moreno tomará posesión este domingo y dará a conocer la estructura de su gobierno a lo largo de la semana próxima, para poder retomar cuanto antes el trabajo pendiente y poner en marcha la maquinaria de la elaboración de los presupuestos de 2027, que ha sido su obsesión en las últimas semanas.
«Al final los ciudadanos mandan y, si hubieran querido que yo hubiera disfrutado de una mayoría suficiente, me habrían votado de manera suficiente», se justificó Juanma Moreno ante los periodistas tras firmar el acuerdo con Vox.
Moreno aclaró en presencia de Manuel Gavira que la nacionalidad no será nunca un requisito a la hora de acceder a una ayuda o a los servicios públicos. La redacción de este punto controvertido del acuerdo es similar a la aprobada en otros pactos entre PP y Vox. La «clave» es el arraigo, explicó Moreno, que recordó que ese criterio ya se aplica en la legislación andaluza, por ejemplo, para acceder a los servicios de dependencia. En algunos supuestos, se ampliará ese requisito, pero en ningún caso por razones de procedencia.
"No más menas" y devolución a sus países
Por lo que respecta a la inmigración, el PP y Vox se comprometen a rechazar «frontalmente» la política migratoria del Gobierno central y el texto es especialmente contundente en lo que se refiere a los menores extranjeros no acompañados (los menas, según la terminología despectiva que le gusta usar a Vox) , hasta el extremo de que uno de los puntos del documento dice textualmente: «No más menores extranjeros no acompañados». De nuevo, es un punto calcado de los acuerdos anteriores.
El nuevo gobierno de la Junta no admitirá ningún menor más y advierte de que no construirá más centros de acogida ni ampliará las plazas de los que ya existen. Dentro de ellos, igualmente, se endurecerá el régimen interno de seguridad.
Asimismo, el pacto señala que se trabajará desde la Junta de Andalucía «activamente» para favorecer la devolución de estos menores a sus países de origen, aunque las comunidades tienen una competencia más que limitada en esta materia. Se harán auditorías anuales de los gastos provocados por la «inmigración masiva» y se suprimirán las subvenciones a aquellas organizaciones no gubernamentales «que promuevan la inmigración ilegal». Además, se prohibirá expresamente el uso del burka y el nicab «en espacios, edificios y servicios públicos» autonómicos. Iniciativas de este tenor se han aprobado ya en muchos ayuntamientos gobernados por el PP.
En materia fiscal, PP y Vox pactan una nueva bajada de impuestos que se sumaría a las que ya promovieron los dos anteriores gobiernos y que supone un ahorro para los contribuyentes de 325 millones de euros al año, es decir, 1.300 millones de euros en los cuatro años de vigencia del pacto.
Tanto Moreno como Gavira subrayaron que éste es un acuerdo que da «estabilidad» a toda la legislatura. De hecho, los socios han incluido una cláusula de «lealtad» que obliga a ambos partidos a garantizar que mantendrán la unidad de voto para todas las iniciativas que emanen del gobierno.
La dirección nacional del Partido Popular emitió ayer una nota en la que mostraba su satisfacción por «poder proteger a los andaluces de gobiernos de izquierdas y también por poder seguir demostrando que se puede gestionar con eficacia y honradez». «Los cuatro procesos electorales que se han celebrado en España entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se saldan con cuatro gobiernos para el Partido Popular y con el PSOE destrozando su suelo histórico. Por tanto, salimos más fuertes y más preparados que nunca para volver a medirnos con el sanchismo en las urnas».