La Administración Trump ultima un plan B por si la Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles "recíprocos" aprobados por el presidente norteamericano el pasado 2 de abril, fecha que proclamó como Día de la Liberación. Lejos de asumir un posible fallo en contra del Alto Tribunal, en el que los conservadores ostentan la mayoría cualificada, en la Casa Blanca han preparado una nueva batería de aranceles que, en la práctica, mantendrían las barreras aduaneras erigidas por Trump con el objetivo de provocar que las multinacionales extranjeras vuelvan a fabricar sus productos en Estados Unidos.
La resolución de la Corte Suprema se espera para las próximas semanas, por lo que podría producirse un limbo normativo durante el cual podrían llegar toneladas de importaciones casi sin obstáculos al mercado norteamericano, ya que el arancel medio aplicado por Estados Unidos antes de abril era del 2,3% frente al 17% actual, que ya incluye el impacto de los acuerdos bilaterales alcanzados por Washington con Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas e Indonesia.
El antecedente del aluvión de compras realizadas por los grandes importadores norteamericanos antes del "Día de la Liberación" ha puesto en alerta a los asesores comerciales de Trump, encabezados por Peter Navarro. Los expertos apuntan que el punto débil de la ofensiva arancelaria del presidente fue arrogarse poderes extraordinarios en base a una presunta emergencia económica que no se sostiene a la luz de los datos, así que la Casa Blanca ha buscado un encaje legal que no choque con su Constitución.
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