El presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se ha negado a declarar en el Senado sobre el polémico rescate de su compañía en presunta conexión con Venezuela y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha asegurado que no tuvo "duda" de que podía optar a conseguir el rescate estatal reservado a empresas estratégicas y que su obtención, "no hubo trato de favor ni injerencias indebidas". "Nadie nos ha regalado nada", ha proclamado en la comisión parlamentaria de investigación. Plus Ultra, prácticamente desconocida entonces, entró en el primer grupo de empresas que consideró el Gobierno estratégicas para recibir rescate.
"Al ser nuestra empresa, parte de dos sectores estratégicos como turismo y transporte, no tuvimos duda que podíamos optar a la financiación" del fondo estatal que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), ha testificado Martínez Sola. Pero ha negado "ayudas ilícitas" en el rescate que articuló el Gobierno en forma de dos préstamos para esta aerolínea con amplio capital venezolano entonces.
Ha resaltado la importancia de la inyección estatal, porque "desde la concesión de los préstamos, la continuida de Plus Ultra ha supuesto una contribución directa al entorno económico y social de 114 millones de euros entre pagos a la Seguridad Social, impuestos, creación de empleo y los abonos de los intereses de la financiación, que a esta fecha ya son 9 millones de euros", ha resumido. Aún no ha devuelto nada del principal de la deuda.
Martínez Sola, que se encuentra investigado por posible blanqueo de cargos chavistas venezolanos con fondos públicos, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha leído un alegato de seis minutos en el que se ha quejado de que "es difícil encontrar un ataque tan desproporcionado, disparatado y continuado a una compañía como la nuestra". Ha afirmado que actualmente da empleo a más de 700 trabajadores y para justificar no responder ha zanjado así: "Desgraciadamente, el hecho de estar sometido a un procedimiento judicial con un sumario bajo secreto, me obliga acogerme al derecho de no declarar conforme a la recomendación de mis abogados. Espero que sus señorías lo entenderán".
Sin embargo, portavoces parlamentarios como Gerardo Camps, del PP, o Mercedes Caballero, de UPN, le han afeado que no responda ni siquiera a preguntas no relacionadas con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Martínez Sola ha sido preguntado insistentemente también sobre por qué Plus Ultra, en situación entonces desesperada, contrató a la empresa Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez Martínez y que tenía como grandes proveedores al propio Rodríguez Zapatero y sus hijas. Ni ha respondido a eso ni a por qué el amigo de Zapatero tenía un contrato que le garantizaba el 1% del rescate que le terminara concediendo el Gobierno a la aerolína. La Sepi, adscrita al Ministerio de Hacienda, terminó canalizando 53 millones. Martínez recibió de Plus Ultra medio millón y pagó en paralelo a la familia Zapatero, 660.000 euros.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha sido escueta al ser preguntada en la sesión de control del Congreso previamente sobre si se había reunido con Rodríguez Zapatero en 2020 para hablar del rescate en Plus Ultra. Su respuesta al diputado del PP, Elías Bendodo, ha sido un conciso "no", poco habitual en la tradicionalmente expansiva ministra de Hacienda.