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El texto que publica hoy el BOE recoge una prórroga indefinida de los contratos con sanciones de 12 meses de renta para los propietarios que decidan no renovar tras el vencimiento.
El "cacao" que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmaba tener el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobaron los dos decretos de vivienda con el que el Gobierno intentará apaciguar las protestas ciudadanas y arreglar el problema del alquiler se han trasladado esta mañana al resto de actores implicados y a la ciudadanía.
Después de publicar en el BOE un primer decreto con el grueso de las medidas, el Gobierno retrasó la publicación del segundo de los textos a la jornada de mañana. Ello, en previsión de la alarma que la principal medida recogida en el mismo generaría entre los propietarios y la mayoría de grupos parlamentarios, como efectivamente ha ocurrido tras la filtración de su contenido.
El segundo decreto, acordado con Sumar a escasos minutos del Consejo de Ministros del martes, recoge una prórroga forzosa e indefinida de los contratos de alquiler. Una medida que también exigían desde Podemos y que ha sido una de las banderas enarboladas por el Sindicato de Inquilinas en la acampada de la Puerta del Sol, que ayer sumó su quinto día de protestas.
Según el texto que se publicará hoy en el BOE, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, "llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurrido como mínimo cinco años de duración -o siete si el arrendador es una persona jurídica- el contrato se prorrogará por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo" en un plazo de seis meses.
En caso de que el casero, ya sea un pequeño propietario o un gran arrendador, decida no ampliar el contrato, debería "indemnizar al arrendatario con el importe equivalente a doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características". Ello, incluso si el arrendador haya comunicado "válidamente su voluntad" de no prorrogar.
Poniendo un ejemplo, y utilizando los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERVAPI) del propio Ministerio de Vivienda, el propietario de un piso de 80 metros cuadrados con ascensor en una segunda planta en el barrio de Puerta del Ángel de Madrid, fuera de la M-30, debería abonar a su inquilino casi entre 7.000 y 10.000 euros si decide no ampliar su contrato tras la finalización del mismo.
Todo ello, con una sola excepción: que el propietario necesite para sí o para un familiar de hasta segundo grado, en cuyo caso no tendría que abonar la indemnización a su inquilino.
Contradicciones con el primer decreto
El texto pactado con Sumar, además, choca con el primero de los decretos aprobados el martes por el Gobierno, más allá de la evidente ampliación de la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Por ejemplo, al ampliar a seis meses el plazo de preaviso; frente a los cuatro meses que recoge el decreto que se publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
Así lo han denunciado por la mañana distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, entre los que se encuentra Junts, una de las formaciones clave en la convalidación y con los que el departamento de Isabel Rodríguez más ha negociado en los últimos meses. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha afirmado sentirse "decepcionada y preocupada" por el texto del primer decreto. "Pedíamos rigor y solvencia y estamos preocupados porque en este primer análisis no lo recoge", afirmó. Unas declaraciones que siembran aún más dudas sobre su sí a cualquiera de los dos decretos.
También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado estas incoherencias, calificando como "trampa" los dos decretos y anticipando el no de los populares a los dos textos en la votación del viernes. El líder de la oposición ha criticado que los reales decretos del Gobierno no dedican espacio para construir viviendas y aseguró que, si salen adelante, las personas vulnerables "no tendrán ninguna posibilidad de alquilar una vivienda porque ningún propietario se las alquilará".
La división de los decretos no parece contentar, asimismo, a los grupos a la izquierda del Gobierno en el hemiciclo. Desde Podemos han pedido, incluso, la retirada de los dos decretos y reclamaron al Ejecutivo la aprobación de otro unitario en el que se recojan todas sus reclamaciones, incluyendo la prórroga indefinida de los alquileres. "Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda" ha argumentado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en la Cámara Baja, "traigan el decreto completo que ya es de mínimos y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre".
En respuesta, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apelado a la "responsabilidad" de Podemos para votar a favor de los decretos, mientras desde el antiguo socio de gobierno del PSOE no aclaran el sentido del voto que emitirán el viernes.
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