La Ley Antipantallas tiene gafe. Ninguna iniciativa de las publicitadas por el Gobierno para impedir el acceso de los menores a los contenidos inapropiados de internet ha llegado a buen puerto dos años después de que en diciembre de 2023 la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciara la creación de un grupo de expertos para limitar el uso del móvil entre los más pequeños. Los niños y adolescentes siguen entrando fácilmente en TikTok e Instagram y, después del reclamo del denominado pajaporte, no hay implantado ningún sistema efectivo de verificación de edad. El veto a las redes sociales para los menores lleva dos años atascado, entre otras cosas, por discrepancias entre ministerios y la falta de interés que han mostrado los partidos.
En víspera de las elecciones aragonesas, Pedro Sánchez volvió a lanzar ayer su cruzada contra las redes sociales diciendo que serán prohibidas para los menores de 16 años y que será delito la manipulación de los algoritmos y amplificar contenido ilegal. Durante su participación en Dubai en el World Governments Summit, aseguró que pondrá en marcha un paquete de cinco medidas legislativas para hacer frente a los «abusos de las grandes plataformas digitales», siguiendo la estela de Francia y Australia, que ya legislan esta materia.
En realidad, el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales, que está en el Congreso en fase de enmiendas, ya elevaba de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor se pueda abrir una cuenta en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. La redacción actual, un tanto enrevesada, no llegaba a explicitar la prohibición, pues lo hacía de forma indirecta a través de un cambio de la Ley de Protección de Datos Personales porque la regulación de redes sociales es una competencia europea y no se había podido ir más allá.
Pero en julio de 2025, cuando el proyecto de ley ya estaba en el Congreso, se abrió una puerta: la CE publicó unas directrices que dan pie a que los estados miembros legislen y España tiene más margen de actuación. Por eso ahora se va a modificar el redactado a través de una enmienda del PSOE en donde se aclarará la prohibición y se ampliará.
Las palabras de Sánchez, en todo caso, han hecho aflorar los roces vividos el Gobierno por este asunto. Fuentes del Ministerio de Sira Rego (IU) se cuidaron ayer de recordar que el veto a las redes para los menores ya estaba en la ley que ella promovió, además de un buen paquete de medidas legislativas. Y el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, pidió al PSOE que «dejen de plantearse problemas por parte de otros ministerios», que «están retrasando mucho la tramitación de la ley». A su juicio, «que un tema sea más o menos mediático no es criterio» para que salga del ámbito propio de las competencias de un ministerio; en este caso, el de Juventud e Infancia.
Santiago se refería, sin citarlo, al tira y afloja del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con Sira Rego para apropiarse de la Ley Antipantallas. El ala socialista del Gobierno quiso casi desde el principio quedarse con todo el protagonismo de la norma, con el pretexto de que implicaba muchos cambios relacionados con Justicia, a pesar de que Rego fue su promotora. Bolaños venció y la ministra tuvo que conformarse con una estrategia de desarrollo de la norma. Así que lo que ayer volvió a anunciar Pedro Sánchez es, en realidad, una enmienda a la ley de Bolaños.
Estas discrepancias han provocado retrasos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera vuelta en junio de 2024 con la previsión de que estuviera lista en segunda vuelta tras el verano de 2024. Pero el Consejo de Ministros no le dio el visto bueno hasta marzo de 2025. Se remitió entonces al Congreso, a la Comisión de Justicia, con la intención de ser aprobada antes de verano de 2025. Pero no ha sido así: aunque la tramitación era urgente, no ha empezado a moverse hasta finales de 2025. El plazo de enmiendas se ha ampliado hasta en 21 ocasiones. Y ha sido tal la calma que han mostrado los distintos grupos políticos que ninguno, salvo el PNV, ha querido recibir a las asociaciones de médicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras y neurólogos que integran la Plataforma Control Z, que ha elaborado un conjunto de enmiendas que va directamente al fondo del problema: el control a la industria. Una de ellas propone reformar el Código Penal para exigir responsabilidades penales a las redes sociales si no cumplen criterios efectivos de verificación de edad. Esta medida no fue ayer planteada por Sánchez.
Tampoco dijo nada el presidente del Gobierno sobre el prometido mecanismo de verificación de edad, más conocido como el pajaporte, que acumula dos años de retraso. Preguntado ayer el Ministerio de Transformación Digital de Óscar López, las fuentes consultadas no dieron detalles de cuándo se implantará ni de en qué fase se encuentra. Su única respuesta: «Somos el país europeo con la herramienta más avanzada».