Mientras van llegando todos y el reloj marca las 09.30 horas, los ministros toman café y departen en una sala anexa al Consejo de Ministros. Pero ese café en más de una ocasión se queda en la taza para alguno. Sobre todo en las mañanas caóticas de negociación, como ayer, donde hasta el último momento se estuvo ultimando cómo se salvaba la revalorización de las pensiones y la moratoria para la prohibición de desahucios. El plan inicial de La Moncloa era aprobar dos decretos, uno con las pensiones y las medidas del llamado escudo social y otro sólo con los desahucios. Pero la presión de sus socios, también de Sumar, y un último encuentro, sobre la bocina, entre ministros socialistas y magentas obligó a girar el guión: un decreto para las pensiones y otro con todas las medidas del escudo social, incluyendo los desahucios.
Fueron 24 horas caóticas, de llamadas, conversaciones, propuestas donde todo cambiaba sobre la marcha. La puerta de las dudas para los socios del PSOE se abrió una vez que estos aceptaron rectificar, desdecirse y trocear el decreto ómnibus que había tumbado el Congreso con el rechazo de PP, Vox y Junts. La Moncloa trasladó a los grupos un plan de trabajo con dos decretos, pero hay fuentes que hablan de que incluso se barajaron tres. El plan inicial y el que figuraba en el índice -orden del día- del Consejo de Ministros era dos decretos, pero con las pensiones acompañadas de medidas del escudo social como la prohibición del corte de suministros básicos a consumidores vulnerables o el bono social, entre otros, dejando en otro texto la moratoria de la prórroga de los desahucios, que era la cuestión que provocaba el rechazo de Junts, PNV y Coalición Canaria.
Esta posición llevó a los socios del PSOE -ERC, Bildu, BNG...- a mantener conversaciones entre ellos durante toda la tarde del lunes para abordar el escenario y las consecuencias de lo que planteaban desde Moncloa. «Nuestro objetivo principal era poder aprobar todas las medias del escudo social», trasladan fuentes parlamentarias. Y el planteamiento del Ejecutivo hacía peligrar ese propósito, al dejar aislada la moratoria de la prohibición de los desahucios. « Si hubiéramos dejado los desahucios solos, habrían caído», sostienen desde una de estas formaciones.
También lo pensaban así en Sumar, cuya posición era aceptar desgajar pensiones y desahucios en dos textos siempre y cuando se aprobaran a la vez. «No queríamos que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra», inciden fuentes de Sumar. «Queremos sacarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones». De ahí que la negociación se llevara hasta el último minuto con el socio minoritario presionando al PSOE.
«Se cambió porque entendemos que tiene más posibilidades de salir adelante», argumentan fuentes del sector socialista del Gobierno. «Creemos que es lo mejor. Hemos hecho lo que consideramos que genera más consenso», si bien el plan inicial era otro. Se pensó arropar las pensiones e intentar asegurar su aprobación con medidas del escudo social menos problemáticas, corriendo el riesgo de sacrificar la prohibición de desahucios, pero eso generó disconformidad y malestar en los socios. Separar las pensiones había sido una exigencia del PP y Junts para aprobar la subida de las pensiones. Ambos partidos darán ahora su apoyo, no así al escudo social.
En los últimos días, los negociadores de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños, dialogaron con todos los grupos menos con Vox y Junts. Pero el voto de los siete diputados de Carles Puigdemont sigue siendo clave para sacar las medidas del Ejecutivo ante la imposibilidad de un entendimiento entre PP y PSOE. Con el diálogo roto con los independentistas catalanes, los socialistas han visto en el PNV una suerte de intermediario. Buscaron un pacto con los nacionalistas vascos que rebaja la moratoria antideshaucios, buscando así persuadir a Junts. El texto exime a los pequeños propietarios de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables y habilita a que si un arrendador en situación de vulnerabilidad tiene tres o más viviendas, el desahucio puede llevarse al cabo porque se entiende que se equipara la situación de dueño y arrendatario. Pero pese a descafeinar la propuesta, Junts está decidido a votar en contra del escudo social. Miriam Nogueras anticipó ayer su rechazo «a falta de leer la letra pequeña», calificando la propuesta de «injusta porque el coste de este escudo social lo pagarán el pequeño propietario y los vecinos».