- ANDRÉS STUMPF Bruselas
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Los tres países quieren formar un frente común para defender sus intereses. Alemania, Polonia y Países Bajos se erigen como un bloque alternativo.
La reforma bancaria aún no aparece en el horizonte, pero los países van tomando posiciones para intentar perfilarla hacia sus intereses. En ese sentido, ha comenzado la búsqueda de frentes comunes y España ya trabaja para crear una alianza con Francia e Italia, según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes cercanas a las conversaciones.
Las tres potencias europeas tratan de acercar posturas con la elaboración de un documento conjunto (non-paper) que determine los aspectos de la competitividad bancaria que, a su juicio, deben potenciarse a través de cambios en la regulación que se esperan.
Esa alianza permitirá hacer más ruido para que sus ideas se escuchen con mayor atención en Bruselas. Se trata de algo fundamental con vistas a la Comisión Europea, primero, pues es la institución que debe presentar la propuesta legislativa en el primer trimestre de 2027, pero, en segundo término, también para posicionarse de cara a las negociaciones posteriores que los países deberán abordar en el Consejo de la Unión Europea.
"Si las economías dos, tres y cuatro se juntan, la primera [por Alemania] tiene que escuchar", indican fuentes comunitarias. Por el momento, las conversaciones están en curso y el documento no es más que un borrador sobre el que trabajan el Tesoro Público y los servicios de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Reper).
Prioridades españolas
España prioriza la reducción de la complejidad normativa, especialmente en lo que se refiere a la supervisión. Los expertos españoles quieren que el documento se centre en tratar de reducir los solapamientos entre las diferentes autoridades para lograr que los procesos de supervisión sean más cortos, coordinados y que no requieran tanto esfuerzo por parte de las entidades.
Asimismo, el país busca recuperar el impulso a la creación del Fondo de Garantía de Depósitos Europeo (EDIS, por sus siglas en inglés), una batalla que se alarga ya años y que se encuentra entre los pilares que le faltan a la Unión Bancaria.
"España está aportando al debate para mejorar la competitividad del sector bancario europeo en el marco del grupo E-6, con el objetivo de contribuir a una posición en el Consejo que permita mantener un sistema bancario sólido, resiliente y con capacidad de seguir financiando las empresas europeas. El trabajo continúa a nivel técnico de forma previa al informe que la Comisión Europea está elaborando sobre el sector", asegura el Ministerio de Economía.
Pero firmar un documento conjunto implica también tener que asumir las prioridades de los países aliados como propias. En ese terreno, España parece estar dispuesta a ceder a la hora de hacer un llamamiento conjunto en pos de un aplazamiento de lo que en la jerga regulatoria se conoce como el suelo de capital revisado (output floor).
Se trata de una regla adoptada en el marco de los acuerdos de Basilea III que limita la diferencia entre la exigencia de capital de un banco calculada usando sus propios modelos internos y el resultado si se utiliza el cálculo estándar. Se introdujo como garantía de seguridad, fijando el capital mínimo de la entidad en el 72,5% de lo que se obtendría bajo el método estándar, pero se dio un plazo hasta 2030 para su implementación total. Ahora, Francia e Italia buscan aplazar todavía más ese momento.
Lo hacen porque son las entidades de la zona euro más beneficiadas de sus cálculos internos, que les permiten rebajar considerablemente sus activos ponderados por riesgo y reducir con ello el capital que se les exige sobre todo por sus carteras de hipotecas, según explican expertos financieros. Para España, se estima que tendría un impacto insignificante a cambio de reforzar su posición con la alianza.
El documento conjunto con Francia e Italia conformaría un frente difícil de batir en la Unión Europea en lo que a relevancia para el sector bancario se refiere. La suma del peso de las entidades de este tridente representaba casi un 59% del total de activos de las entidades significativas supervisadas en la eurozona, según los últimos datos manejados por el Banco Central Europeo (BCE). Si se toma a los Veintisiete de la Unión Europea como referencia, ese nivel desciende hasta el 44%, pero sigue siendo un bloque muy relevante.
Alemania
Frente a la posición común del tridente en el que se encuentra España, Alemania ha optado por seguir su propio camino. Sus reivindicaciones son muy diferentes a las que prioriza el resto, pues están marcadas por la estructura especial de su sistema bancario, que cuenta con una enorme densidad de entidades de tamaño muy pequeño.
La propuesta alemana consiste en sacar a los bancos pequeños del marco general del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR). Para estas entidades pequeñas, el país germano propone sustituir los complejos requerimientos de capital actuales por una especie de ratio de apalancamiento simplificado que sirva para todo.
Otra de sus grandes peticiones es reabrir y simplificar la estructura de capital de las entidades, buscando centrarla más en la solvencia de máxima calidad, CET1, en lugar de en otros instrumentos como los bonos contingentes convertibles (CoCos) o la deuda subordinada.
España, con Santander a la cabeza, es uno de los países con mayor emisión de este tipo de deuda, por lo que, incluso aunque se regulasen los cambios para que solo afectasen a las nuevas emisiones, el sector teme que pudiera generarse una enorme incertidumbre regulatoria.
Por el momento, Alemania parece haber logrado el apoyo de dos aliados relevantes, Países Bajos y Polonia, en sus esfuerzos por colocar el foco del debate en sus grandes prioridades. Además, sus peticiones coinciden con las propuestas planteadas por el BCE, que publicó en noviembre un documento planteando sugerencias para la reforma bancaria y que estuvo liderado por Luis de Guindos, entonces vicepresidente.
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