- JOAQUIM MATINERO TOR
- Bruselas otorga más poderes a ESMA para convertirla en un 'megasupervisor' europeo al estilo del BCE
- La UE aspira a estimular la creación de entidades paneuropeas en el mercado
La Comisión Europea ha movido ficha. Su nueva propuesta legislativa persigue trasladar a la ESMA (Autoridad Europea de Mercados y Valores) competencias clave sobre mercados financieros, depositarios, infraestructuras de posnegociación y servicios de inversión.
Lo hace en el contexto de su proyecto de "Unión de Ahorros e Inversiones", una de las tres patas que la UE considera esenciales para completar su integración financiera junto con la unión bancaria y la unión del mercado de capitales.
Para quienes gestionan fondos en España o en cualquier Estado miembro, se avecinan cambios palpables. Porque no es solo una reordenación técnica del poder regulador: detrás late una apuesta por homogeneizar reglas, reducir la fragmentación y permitir que los actores operen con libertad real, sin verse constreñidos en cada país por requisitos, interpretaciones o enfoques diferentes.
Es y sin duda, quien más gana (o bien podría ganar) es el mercado de fondos europeo en su conjunto: menor burocracia, menos duplicidades, supervisión única, estándares consistentes, y en teoría, una mayor capacidad para competir con los grandes centros financieros globales.
¿Qué hay de nuevo?
La propuesta eleva a ESMA como supervisor directo de infraestructuras de mercado -bolsas, cámaras de compensación, depositarios de valores-, así como de los depositarios vinculados a fondos de inversión.
También se prevé que normas que hasta ahora eran directivas -y por lo tanto dependían de trasposiciones nacionales, con sus inevitables variaciones- pasen a ser reglamentos de aplicación directa en toda la Unión. Eso dificulta que los Estados miembros adapten las reglas a "sus intereses nacionales".
Las gestoras de fondos seguirán vigiladas por sus reguladores nacionales, pero perderán peso en el proceso de elaboración de normas comunes, ya que ESMA asumirá un papel preponderante cuando se trate, por ejemplo, de grandes grupos que operan en varios países.
De esta forma, la Comisión busca acabar con lo que considera "duplicidades, divergencias y obstáculos" que impiden a los gestores y fondos moverse con libertad por el mercado único. En definitiva: se transita hacia una supervisión más central, homogénea y europea.
La propuesta no surge en el vacío. Desde hace años, la fragmentación regulatoria en Europa -con reglas distintas según el país, interpretaciones locales, obstáculos para traspasar fronteras- ha lastrado el desarrollo de los mercados de capitales y de fondos.
El objetivo declarado por Bruselas es dar impulso a la llamada "Unión de Ahorros e Inversiones", un proyecto destinado a movilizar los enormes ahorros ciudadanos -hoy muchas veces inmovilizados en depósitos conservadores o infrarentables- hacia inversiones productivas, fondos europeos, proyectos de crecimiento y desarrollo.
Además, la digitalización, la irrupción de nuevas tecnologías (como blockchain o DLT) y los nuevos modelos de inversión exigen un marco regulatorio más ágil, uniforme y capaz de adaptarse sin barreras nacionales: otro argumento a favor de la centralización propuesta.
¿Qué riesgos corre España?
Como todo cambio profundo, éste también trae sombras. Para la industria nacional, en particular gestoras y custodios, hay al menos tres desafíos inmediatos:
- Pérdida de influencia regulatoria local. Que las reglas las imponga Bruselas vía reglamento, con supervisión directa de ESMA, reduce la capacidad de los reguladores españoles -o de otros países- de adaptar normas a su mercado, perfil o tradición inversora. En un entorno como España, con un tejido de fondos, gestoras medianas y especialidades locales, eso puede suponer rigidez excesiva.
- En segundo lugar, la uniformidad frente a diversidad. Europa no es homogénea. Lo que funciona en un mercado financiero robusto y profundo -como el de Países Bajos, Francia o Alemania- puede no encajar de idéntica forma en mercados más pequeños, menos desarrollados, o con cultura inversora distinta. Obligar a adoptar las mismas reglas puede penalizar modelos locales de gestoras, depositarios o fondos familiares.
- Por último, la transición y coste operativo. El nuevo marco exigirá ajustes: sistemas, reportes, procesos internos, integración de datos, supervisiones más frecuentes. Es probable que muchas gestoras y depositarios deban revisar su estructura y asumir costes adicionales. Y ese coste lo pueden pagar con menor rentabilidad, tarifas más altas o reducción de márgenes.
Quienes adopten la nueva lógica con anticipación -gestoras con vocación internacional, fondos ambiciosos, depositarios tecnológicas, integradoras de servicios cross border- pueden ver abrirse una vía de crecimiento notable. Con un pasaporte realmente funcional para operar en toda la UE, sin obstáculos técnicos ni regulatorios, el mercado europeo de fondos podría ganar escala, eficiencia y competir con Jupiter, BlackRock o Fidelity en condiciones más parecidas.
Para la industria española -o de países "periféricos" de la UE- puede ser una aspirina regulatoria. Una oportunidad para internacionalizar fondos, aumentar volumen, y atraer capital europeo subutilizado.
Y para los inversores, la promesa (o amenaza, según se mire) de un mercado de fondos verdaderamente europeo: más productos, más competencia, más alternativas, posiblemente mejores condiciones.
¿Qué deben hacer los reguladores y actores locales?
La prioridad es adaptarse con celeridad, revisando estructuras y procesos internos. Las entidades nacionales tienen poco margen para retrasos. También actuar con visión: las gestoras nacionales deben decidir si se quedan en un mercado doméstico cada vez más rezagado, o si quieren ser actores europeos de vocación global.
Un marco único debería servir para reforzar la protección del inversor y promover la transparencia, evitando consolidar oligopolios o perpetuar inercias. Además, será clave apostar por la innovación: los nuevos instrumentos, las tecnologías emergentes y los fondos alternativos o sostenibles requieren una regulación armonizada pero también flexible.
La propuesta de la Comisión no es un simple ajuste técnico, sino una apuesta política por una Europa financiera más integrada, competitiva y ambiciosa. Para quienes gestionan fondos, custodian activos o diseñan productos, supone un cambio profundo: de lo nacional a lo europeo, de lo fragmentado a lo unificado, de lo local a lo global.
El camino no está exento de riesgos -pérdida de flexibilidad, uniformidad excesiva, costes de adaptación- pero la recompensa potencial es significativa: acceso real al mercado único, escala, eficiencia y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los grandes centros financieros globales.
Europa cruza un nuevo umbral. Que quienes tienen ambición lo atraviesen con los deberes hechos.
Joaquim Matinero Tor | Abogado experto en derecho bancario y derecho financiero, profesor del IEB
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