Comienza el juicio en la Audiencia Nacional de la macrocausa, que se inició en 2017 con la investigación de la compra de Inassa con un presunto sobreprecio de más de 19 millones
Regala esta noticia Añádenos en Google 07/09/2026 Actualizado a las 16:40h.La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha abierto este lunes el primer juicio oral de la macrocausa Lezo, ... centrado en la presunta adquisición irregular y con sobreprecio de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. En el banquillo de los acusados se han sentado 22 personas —entre ellos los exconsejeros madrileños Juan Bravo y Pedro Calvo, y el exdirector gerente de la empresa pública Arturo Canalda— en una jornada inaugural dominada por la exposición de las cuestiones previas.
Frente a la pretensión de las defensas, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado de plano la prescripción al situar la fecha clave de comisión del delito en el 20 de febrero de 2002, cuando se ejecutaron las obligaciones de pago de la compraventa. Paralelamente, los abogados de los 13 antiguos miembros del Consejo de Administración encausados han cerrado filas para desligar su voto de cualquier intencionalidad delictiva, sosteniendo que actuaron amparados por la buena fe y guiados por el principio de confianza sobre la base de los informes de valoración que la cúpula directiva les puso sobre la mesa en su día.
Impugnación de pruebas
Otro de los puntos de fricción durante esta primera jornada ha sido el entramado a través del cual el Canal de Isabel II adquirió por 73 millones de dólares el 75% de la sociedad colombiana a la firma Aguas de Barcelona. Anticorrupción sostiene que la operación se articuló mediante una sociedad mercantil en Panamá para desviar un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros en beneficio de los vendedores, destinando al menos 9,1 millones a copropietarios de la firma offshore sin que se haya podido determinar el destino final del resto del dinero público.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha mantenido íntegra su petición de penas, que oscilan entre los 6 y 7 años de prisión por presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación administrativa, reclamando además una indemnización conjunta y solidaria de 19,8 millones de euros para restituir los fondos robados al Canal de Isabel II.
Mapa para entender el caso
La Audiencia Nacional fragmentó el expediente en tres grandes bloques cronológicos que abarcan desde la primera expansión en Sudamérica hasta los pelotazos urbanísticos e infraestructuras locales. Esta división procesal explica la ausencia en el banquillo del expresidente madrileño Ignacio González, cuya imputación quedó archivada de este tramo inicial al no formar parte de la gestión del Canal en 2001.
El juicio que se ha iniciado este lunes analiza el origen de la trama. El uso de una sociedad pantalla en el paraíso fiscal de Panamá para adquirir la filial colombiana Inassa, inflando supuestamente el precio con dinero público para repartir comisiones opacas. La segunda gran fase del caso se centrará en la repetición de esta misma operación años más tarde, investigando la compra presuntamente irregular de la mercantil brasileña Emissao en 2013, una operación en la que Ignacio González ya era la figura clave del Ejecutivo regional y por la que Anticorrupción le exige ocho años de prisión.
La tercera y última ramificación del proceso pondrá la lupa sobre el negocio en suelo madrileño, cerrando el abanico del caso Lezo. En este bloque se juzgarán los supuestos amaños en la adjudicación de las instalaciones deportivas del complejo Canal Golf levantadas sobre terrenos públicos, así como el cobro de mordidas en el fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero.
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