José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, y Koldo García, a 19. Begoña Gómez y Zapatero, ante el juez. Las hijas del ex presidente, imputadas. La directora de la Guardia Civil, en la diana por sus reuniones con la fontaneraLeire Díez. La fiscal general declara en la comisión del Senado. El PP lleva a la Mesa del Congreso al Tribunal Constitucional por vetar un debate parlamentario. Junts y PNV piden elecciones. Crisis en Sumar. Feijóo rectifica y anuncia por primera vez que llegará a una coalición con Vox si las urnas lo requieren. La esposa del presidente, sin pasaporte. Un informe de la UCO sobre las cloacas deja al PSOE tocado en lo ético y al borde de la imputación en lo jurídico. La mayoría del Gobierno vota a favor de la dimisión del presidente. La Guardia Civil y Hacienda revelan que el novio de Ayuso cobró 4,4 millones de Quirón a través de una empresa que no tenía medios para los servicios que cobraba. El caso Sepi salpica al PNV.
Todo eso -y bastante más- en menos de dos semanas. Como para colar otro tema en el menú diario de consumo informativo de los españoles. Lo intentó tímidamente el presidente del Gobierno, anunciando un real decreto para paliar las secuelas de la guerra de EEUU e Irán. No se llevó los titulares, precisamente: la medida quedó diluida en el enorme aluvión de noticias de impacto, entre alertas y últimas horas.
Por eso el PP ha decidido que de nada le vale desgranar ahora sus grandes planes de regeneración institucional y económica. Hasta después del verano, no comenzará a desvelar sus principales medidas de «alternativa de Gobierno». Así lo confirman fuentes de Génova a este diario. «La actualidad a día de hoy, con todas las novedades judiciales, no permite una victoria del marco propositivo del PP. No queremos marcar la actualidad. El Gobierno sufre un calvario todos los días y no hay hueco ahora mismo para el detalle de la alternativa». Sí para que Feijóo contraponga sus líneas maestras, pero no las reformas concretas.
Será en otoño cuando los populares comiencen a transparentar su nuevo plan de calidad institucional, o el alcance final de su plan de autónomos, o su plan de medidas para la defensa, o su plan de medidas contra el narcotráfico en Andalucía, o la rebaja fiscal que acometerían en los grandes impuestos, si llegan a La Moncloa. Más allá de la deflactación del IRPF, que no es un recorte impositivo como tal.
Son, en su mayoría, documentos que el PP ya ha anunciado, y de los que ha esbozado sus puntos clave, pero que no ha puesto negro sobre blanco en documentos detallados y programáticos. Falta lo importante, precisamente. Algunos de ellos, como la ampliación del plan de calidad institucional -el más simbólico de todos-, ya están preparados, pero a la espera de un momento en el que haya 'hueco' para que los españoles atiendan a esas medidas y el debate pueda sedimentar.
El PP ha lanzado anteriormente grandes paquetes de reformas, algunos de ellos sin membrete del partido, como el primer plan de regeneración institucional, el plan energético, o el plan en defensa de las familias y la economía de España. Otros los ha publicado con sus siglas, como el plan para la inmigración.
Será a la vuelta de las vacaciones cuando Génova comenzará a buscar espacios para 'colar' sus planes en la agenda mediática nacional. En otoño se espera igualmente mucha conflictividad judicial, pero también será el momento en el que, esta vez sí, el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y ahí se podrán confrontar modelos.
No sólo con la enmienda a la totalidad que, con toda seguridad, preparará el PP, sino, también, con paquetes de medidas económicas ya detallados y en profundidad, más allá de los decálogos. Además, el PP seguirá insistiendo en el Congreso de los Diputados y el Senado en las medidas fiscales, energéticas y migratorias en las que hay mayoría junto con Vox, PNV y Junts.
La erosión de los socios es tan evidente que el pasado día 16 Junts presentó una enmienda a una moción del PP, para pedir al presidente que convoque elecciones. Y la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, la vetó, como también la enmienda del PP. Después, los populares presentaron otra moción similar en la que la Mesa volvió a vetar la petición de elecciones, pero permitió que se llevase a pleno la reclamación a Pedro Sánchez de activar una cuestión de confianza y medir así si sigue teniendo el apoyo de la mayoría de la Cámara. Se aprobó por mayoría absoluta, igual que la petición de dimisión de Sánchez.
«Hemos llegado a un punto en el que cada semana que pasa le va peor al Gobierno», aseguraron fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. «Se avecina un calvario judicial sin precedentes», añadieron. En ese sentido, el PP quiere incidir en la oposición por contraste, pero después de verano.
Con sus planes institucionales, sociales y económicos, el PP quiere acaparar también el voto útil de la gobernabilidad, en un momento en el que Vox parece haber tocado techo tras su apoyo a Donald Trump, tras las batallas internas que acumula y después de haber tensado la cuerda de la investidura de María Guardiola en Extremadura, cosas, las tres, que le han penalizado en los últimos meses.
El Partido Popular busca desactivar la vía de impugnación del sistema de partidos que había emprendido Vox, y para eso ha delimitado el terreno de juego de los pactos, con líneas rojas como el aborto, los derechos de las personas LGTBQ+ o la lucha contra el cambio climático. Pero asumiendo que, si hay mimbres para ello, ambas formaciones gobernarán juntos, en un Ejecutivo nacional de coalición. Cosa que Feijóo se comprometió a no hacer hace apenas 11 meses.
Los tiempos han cambiado a una velocidad tan vertiginosa que es difícil hacer predicciones -o compromisos más o menos performativos- a largo plazo si uno no está convencido al 100%. Como también es difícil, hoy por hoy, hablar de medidas de regeneración sin que una noticia urgente opaque ese debate de fondo con el sonido de una alerta de última hora en el móvil.