El estudio —que recopila información de instituciones públicas, atlas geológicos, informes, presentaciones, asignaciones, pozos exploratorios, entre otras fuentes— advierte que las regiones con principales yacimientos no convencionales de hidrocarburos (donde se busca impulsar el fracking) abarcan una zona de influencia de 7.7 millones de hectáreas de siete estados del país. En estas zonas, donde viven unos 6 millones de personas, los investigadores identifican potenciales conflictos por la escasez de agua ante una actividad que demanda grandes cantidades de este recurso, como la fracturación hidráulica.
La investigación identifica también que las zonas de interés atraviesan localidades rurales dispersas, así como a 2405 propiedades comunales, varias de ellas indígenas o con acceso limitado a servicios básicos, como agua, drenaje y servicios de salud.
Autores del estudio alertan que la falta de información pública actualizada impide a las comunidades conocer con precisión si sus territorios forman parte de los planes energéticos del país. Además, especialistas consultados por Mongabay Latam explican los impactos que el fracking tiene en este tipo de territorios, no solo en México, sino en otras regiones del continente, como la Patagonia argentina o en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos.
Manuel Llano, director de CartoCrítica y autor del estudio, explica el dato más relevante tomando en cuenta el contexto hídrico: a nivel nacional 18.6% del agua requerida para fracking caería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual. En el caso de la región Sabinas-Burro-Picachos ese porcentaje es del 100%, de acuerdo con la investigación.
“¿De dónde van a sacar el agua, si la cuenca y el acuífero ya no tienen? En el caso de Estados Unidos, ellos utilizan el agua del Río Bravo, pero en el caso de México no tenemos. El conflicto del agua es muy evidente en Sabinas-Burro-Picachos”, explica el autor a Mongabay Latam.
En esta región del país donde se podría explotar la extracción de no convencionales viven cerca de 1.3 millones de personas, distribuidas en su gran mayoría en 26 localidades urbanas y 1850 rurales.
conflictos por fracking ya existen desde 1997 en el municipio de Papantla, Veracruz, donde las comunidades indígenas mantienen una resistencia a la expansión de esta actividad en sus territorios.Guardianes de la TierraWIRED en Español recorre cómo pueblos indígenas, investigadores y organizaciones en América Latina protegen sus territorios ante un modelo extractivo en expansión.
Arrow“Muchas veces el despojo también lo hacen por medio de contratos leoninos, servidumbres, ocupaciones temporales, compensaciones económicas o acuerdos de palabra que no se cumplen”, explica la especialista a Mongabay Latam y agrega que la regulación y la consulta son indispensables.
“En las condiciones actuales difícilmente serían suficientes para prevenir los conflictos, pues para regular una actividad de alto riesgo se necesita, primero, información pública, precisa y verificable. Desafortunadamente no es algo a lo que se pueda acceder en nuestro país de forma sencilla”, sostiene.
Azamar advierte que sin información pública sobre la ubicación de los pozos, las sustancias utilizadas, los volúmenes de agua requeridos y las condiciones ambientales de cada territorio, la vigilancia se vuelve “prácticamente imposible”.
Tanto Azamar como Grosso coinciden en que existe también un riesgo de cooptación y división en los territorios que son de interés para la industria del fracking.
“Van a buscar la ruptura, las tensiones y van a romper lazos comunitarios a través del dinero. Tienen un caudal de capital gigantesco, además de que el tiempo corre a favor de ellos. El escenario para el que deben prepararse es de fractura”, advierte Grosso.
Artículo publicado originalmente enMongabay LATAM.