La insostenibilidad de la situación que el narcotráfico ha impuesto en el Estrecho ha hecho reaccionar al escalón más alto de la Guardia Civil. Un grupo de generales ha elevado varios escritos a la Dirección General del Cuerpo para urgir el uso de lanzagranadas como única salida para combatir a las grandes organizaciones de la droga en la zona.
Se trata de «un hilo de correos», como recoge el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, a los que los máximos responsables del Instituto Armado no han dado curso. Ni la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, ni el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, se han pronunciado al respecto, tal como aseguran las fuentes consultadas por este periódico.
«Actualmente hay disponibilidad de cincuenta (50) lanzagranadas MOD. GL-06 CALIBRE 40 MM en nuestros almacenes», recuerdan los generales de la Guardia Civil en uno de sus escritos. Lo que ha hecho reaccionar a los altos mandos no es la ya de por sí grave institucionalización del narcotráfico sino sus nuevas formas, ya que las organizaciones se sirven ahora de armas de guerra para proteger sus alijos.
Piden, según como argumentan, que el Ministerio del Interior active los lanzagranadas de los que ya disponía el Servicio Marítimo y que están almacenados con su munición en el servicio de armamento. «Estos aparatos son utilizados para control de masas», recuerdan en la comunicación.
Los generales suplen la ausencia de soluciones por parte del Gobierno a la problemática con su conocimiento y experiencia. Según su criterio, los lanzagranadas «podrían ser útiles para inmovilizar o inhabilitar los motores de las narcolanchas y pueden ser efectivos si son disparados por personal formado a unos 100 metros, esas granadas modelos B&T 40mm están catalogadas como 'no o menos letales'». El contexto en el que se produce la solicitud es crítico.
Además, recuerdan a la Dirección General de la Guardia Civil que se han adjudicado al Grupo Marítimo del Estrecho «ocho lanzadores antidisturbios», un número que se considera «totalmente insuficiente» para abordar el dinamismo con el que las narcolanchas alcanzan las costas de Cádiz y Huelva, principalmente. Se ha contabilizado que son 30 al día. En dos años han muerto cuatro guardias civiles en el mar cuando intentaban disuadir a los conductores de las narcolanchas. Además, las organizaciones se han radicalizado. La nueva modalidad de narcotráfico que azota la zona mantiene desbordada a la Guardia Civil. Hay nuevas organizaciones criminales que se han asentado allí y que tienen nuevas reglas, métodos más agresivos y defienden su mercancía con kalashnikov, algo que las grandes familias de la droga de la zona nunca habían utilizado.
La tragedia de Barbate estaba llamada a ser un antes y un después en el desgobierno del narcotráfico en el Estrecho. Lo que sucedió -y se retransmitió casi en tiempo real a todo un país- en el puerto de la localidad la noche del 9 de febrero de 2024 fue el retrato de una lucha desigual, la de los narcos y la Guardia Civil, y el máximo exponente de la crudeza que imponen los traficantes de hachís y cocaína.
Las muertes de dos agentes embestidos por una narcolancha, en febrero de 2024, giraron todas las miradas hacia el Ministerio del Interior, por los constantes avisos, no atendidos, del riesgo en la zona. Ante la magnitud de lo que pasó, hubo promesas de cambio pero, un año y tres meses después, la situación se agudizó. Otros dos agentes, esta vez en Huelva, murieron después de que dos de sus patrulleras chocaran entre sí durante una persecución. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo atribuyó a un accidente. «Todas las tragedias no pueden evitarse», concluyó. Sin embargo, mandos del Instituto Armado especializados en narcotráfico que trabajan sobre el terreno torcieron su versión. La experiencia de los últimos años les llevó a concluir que la lancha provocó la colisión entre las patrulleras a propósito y lo atribuyeron a un movimiento «estudiado» por parte de los delincuentes. «Los narcos provocaron el choque». Es una práctica que definieron como «habitual», atendiendo a las características de las embarcaciones y sus tácticas. «Cuando les detectan y empieza la persecución, comienzan a hacer eses para intentar que colisionen». Los altos manos insisten en la necesidad de activar los lanzagranadas de inmediato. «Los conocen perfectamente que nuestra legislación no tenemos un protocolo que nos proteja y estamos en inferioridad de condiciones».