- EXPANSIÓN
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), como órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha recopilado las principales novedades aprobadas con efectos en el ejercicio 2025 y las que están por venir en 2026: todas las claves sobre la fiscalidad que en 2026 afectará a trabajadores, autónomos, profesionales y empresas.
Expansión les ofrece los próximos días en varias entregas la Guía de todos los impuestos que llegan en 2026: cómo afecta la nueva fiscalidad a profesionales, empresas y autónomos en este documento elaborado por Expansión con la colaboración del Consejo General de Economistas-Reaf.
OTROS TRIBUTOS
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (RIC)
A partir de 2025, se amplía el ámbito objetivo de la RIC de tal modo que también podrán acogerse a la misma las inversiones que se realicen en rehabilitar viviendas protegidas destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. En consecuencia, no solo la promoción sino ahora también la rehabilitación de este tipo de inmuebles puede acogerse a la RIC.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
A partir del 1 de enero de 2025 entran en vigor nuevos coeficientes máximos aplicables al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el tributo municipal que grava el aumento de valor del suelo urbano puesto de manifiesto en una transmisión -ya sea por venta, donación o herencia-. Estos coeficientes se utilizan para calcular la base imponible cuando se aplica el método objetivo del impuesto, es decir, cuando la cuota se determina a partir del valor catastral del suelo en el momento del devengo y del número de años transcurridos desde la adquisición hasta la transmisión (ver cuadro 3).
La actualización aprobada para 2025 introduce variaciones en prácticamente todos los tramos temporales, aumentando o reduciendo los coeficientes según el periodo de generación del incremento de valor. Para los incrementos generados en plazos muy cortos -inferior a un año o de uno a tres años- los coeficientes máximos se mantienen estables o experimentan incrementos moderados, pasando, por ejemplo, del 0,15 al 0,16 en los casos de períodos inferiores al año.
En los tramos intermedios, especialmente entre cuatro y doce años, se observan ajustes más heterogéneos, con subidas notables en algunos intervalos, como el coeficiente aplicable a los incrementos generados en ocho años, que pasa del 0,19 al 0,23. Estos ajustes reflejan la adaptación del impuesto a la evolución real del mercado inmobiliario y de los valores del suelo, buscando que el método objetivo sea más representativo de la ganancia generada.
En los periodos más largos, que superan los quince años, la actualización introduce cambios de menor magnitud y tiende a reducir los coeficientes máximos. Un ejemplo especialmente significativo es el coeficiente aplicable a incrementos generados en veinte años o más, que desciende del 0,40 al 0,35, lo que resulta en una base imponible menor cuando la transmisión se produce tras largos periodos de tenencia del inmueble.
Tasa de basuras
La tasa de basuras se ha convertido en una de las figuras tributarias más polémicas de los últimos tiempos. Aunque su existencia no es nueva y la Ley de Haciendas Locales ha contemplado históricamente la posibilidad de que los ayuntamientos la apliquen, la controversia ha resurgido con fuerza a raíz de la obligación que impone la normativa europea de trasladar al ciudadano el coste real del servicio de gestión de residuos. Esto ha llevado a numerosos consistorios a recuperar, aumentar o modificar esta tasa, después de años en los que estuvo prácticamente congelada o integrada en otros recibos municipales.
El origen del conflicto radica en que el servicio de recogida y tratamiento de residuos es cada vez más caro. La Unión Europea exige que los municipios apliquen sistemas de gestión más sostenibles, con mayores niveles de separación, reciclaje y control de vertido. Todo esto encarece significativamente el proceso, y la normativa comunitaria señala que debe ser el productor del residuo -es decir, el ciudadano- quien cubra el coste. Muchos ayuntamientos venían subvencionando el servicio, financiándolo parcialmente con impuestos generales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); pero al verse obligados a repercutir el coste real, han tenido que aplicar incrementos notables en la tasa. Ese salto ha pillado a muchos contribuyentes por sorpresa.
Otro de los focos de polémica es la forma de cálculo. En la mayoría de municipios, la tasa no se ajusta al volumen real de residuos que genera cada vivienda, sino que se establece mediante criterios indirectos como el tamaño del inmueble, su uso o su localización. Esto alimenta la sensación de injusticia entre los contribuyentes, especialmente en el caso de personas que viven solas, familias con hábitos de reciclaje muy estrictos o viviendas con ocupación intermitente, que acaban pagando lo mismo que hogares numerosos o establecimientos con mayor producción de residuos.
A esta incomodidad se suma la percepción de que muchos ayuntamientos han recuperado o incrementado la tasa sin una campaña informativa adecuada, generando desconcierto entre los vecinos. En algunos municipios, la tasa llevaba años integrada en otros recibos o incluida indirectamente en el IBI; cuando se ha cobrado por separado, muchos contribuyentes han tenido la sensación de estar afrontando un tributo nuevo, pese a que técnicamente no lo fuera. La falta de transparencia en algunos casos ha alimentado protestas vecinales y recursos administrativos.
También ha generado debate la aplicación diferenciada de la tasa a locales comerciales, hostelería y actividades industriales, donde los importes pueden ser muy superiores a los aplicados a viviendas. Estos sectores critican que la cuantía no siempre se corresponde con la producción real de residuos y que, en algunos casos, el coste se ha multiplicado en apenas un año. Las organizaciones empresariales argumentan que la tasa se está convirtiendo en un factor más de presión sobre negocios ya castigados por otros aumentos de costes.
En el fondo, la tasa de basuras se ha convertido en un símbolo de un debate más amplio: cómo financiar los servicios municipales en un momento en el que la normativa europea eleva las exigencias y los ayuntamientos disponen de márgenes presupuestarios muy ajustados. El reto es encontrar un equilibrio entre cubrir el coste real del servicio, incentivar la reducción de residuos y evitar que la tasa se perciba como un impuesto adicional de difícil justificación.
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