Salvador Illa ha arrancado el año político sin presupuestos y con las cuentas de 2023 -las últimas de Esquerra- aún en vigor. Una inestabilidad importante, que evidencia su fragilidad parlamentaria 16 meses después de la investidura y limita la capacidad de gestión socialista al frente de la Generalitat. Ahora y una vez cerrado el pacto tripartito de la financiación -entre el PSOE, Sumar-comunes y ERC- el Ejecutivo de Illa trata de sacar provecho para atar las cuentas catalanas en las próximas semanas con la misma ecuación en el Parlament.
«Saben que ERC siempre había dicho que era necesaria la presentación del modelo para negociar presupuestos. Espero que sea lo antes posible. Necesitamos unos presupuestos para 2026 porque venimos de una prórroga de los de 2023», avisó ayer la consejera de Economía, Alícia Romero, preguntada por las cuentas catalanas tras la ristra de reuniones y comparecencias para presentar el nuevo modelo de financiación. La agenda mediática incluyó una reunión entre el president y Oriol Junqueras en el Palau de la Generalitat después de su paso por La Moncloa y una «declaración institucional» del líder del Ejecutivo catalán tras el encuentro.
Sobre los presupuestos catalanes, el Ejecutivo ya ha trabajado con una propuesta interna y pide abordar la negociación lo antes posible. Sin embargo, Oriol Junqueras usó ayer su posición de fuerza tras apuntalar el nuevo modelo de financiación y puso otra reclamación sobre la mesa:Junqueras exige ahora que Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF para aprobar los presupuestos, una petición que trasladó tanto a Illa como a Pedro Sánchez. «El compromiso es que Cataluña recaude la totalidad del IRPF, cuando esto se produzca, que esperamos que sea pronto, habrá negociación presupuestaria», abundó.
Por su parte, desde del Ejecutivo catalán aseguran haber priorizado la financiación hasta ahora y apelan a la «responsabilidad»de los comunes y ERC, sus dos socios de investidura, para sentarse a negociar. Y es que, con el objetivo de tener aprobadas las cuentas de este año «lo antes posible», como así planea el entorno de Illa, el Ejecutivo ha acelerado en financiación y también en vivienda, los dos grandes requisitos de ERC y los comunes para dar su brazo a torcer. En este sentido, el Govern ha multiplicado sus guiños en este arranque de año político: ha aprobado la creación de una autoridad aeroportuaria catalana como reclamaron los republicanos en el pacto de investidura para tener más capacidad de interlocución institucional en aeropuertos como El Prat; este próximo lunes presentará la constitución y los miembros del consejo de administración de la empresa mixta de Rodalies, y ha lanzado el primer concurso de suelo público para construir 1.940 viviendas de alquiler asequible.
Esta última medida va dirigida especialmente a los comunes. Con seis escaños claves para sacar adelante las cuentas, el partido morado exige una batería de iniciativas en materia de vivienda para dar estabilidad a la legislatura catalana. La convocatoria del Ejecutivo moviliza solares municipales mediante concesiones a 75 años para crear un parque de vivienda que será siempre público. El concurso, publicado este viernes de forma oficial se estructura en cuatro agrupaciones territoriales y forma parte del plan para alcanzar 50.000 viviendas asequibles en el conjunto de Cataluña, uno de los compromisos «estrella» adquiridos por Illa en el último debate de política general del Parlament con la vista puesta en los comunes.
El partido que lidera Jéssica Albiach no quiere perder fuelle ante la ristra de cesiones de Illa a ERC y exige mano dura al PSC con sus políticas de vivienda: reclaman como condición sine qua non imponer multas a los que se salten los límites de precios de los alquileres fijados por la ley de Vivienda -un régimen sancionador aprobado en enero del año pasado-, o la incorporación de un centenar de inspectores, entre otras medidas. Además, los comunes instan al Govern a actuar contra la compra especulativa de vivienda, algo que Illa dijo que está dispuesto a estudiar por sorpresa de varios consejeros de su propio Ejecutivo. También ante la oposición frontal de la patronal Foment del Treball y de varios agentes económicos y sociales catalanes.
En la última década tan solo han salido adelante los presupuestos de 2017, 2020, 2022 y 2023 en Cataluña. De hecho, el reto de fondo del Govern es terminar con cierta imagen de parálisis que implica gobernar con las cuentas que dejó Pere Aragonès (ERC) y seguir con su discurso a favor de la «estabilidad institucional» de la mano de unos presupuestos que se le han atragantado.