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Las tres compañías se personan en la demanda presentada por Santa Bárbara por el real decreto que incluye el contrato de obuses de 7.000 millones de euros, entrando a formar parte del procedimiento judicial como codemandadas.
Nuevos implicados en el recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas, empresa española propiedad de GDELS (General Dynamics), por el megacontrato de obuses de 7.000 millones de euros. Una providencia dictada por la sala tercera del Tribunal Supremo el pasado miércoles 28 acuerda incluir como codemandadas a Indra Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Telefónica, que han decidido personarse en un procedimiento que originalmente se dirigía solo contra la Administración, según explican fuentes jurídicas a EXPANSIÓN.
Santa Bárbara interpuso el 17 de diciembre un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba medidas cautelares para congelar la prefinanciación adjudicada a la UTE entre Indra y EM&E para ejecutar el proyecto de los obuses autopropulsados (ATP). El Supremo admitió a trámite la demanda, que apunta a la totalidad del real decreto 915/2025 del 17 de octubre, en el que se anunciaron los préstamos para prefinanciar estos programas.
Uno de estos programas involucra a Telefónica, dado que el real decreto incluye préstamos de 380 millones para un proyecto de conectividad multidisciplinar a desarrollar por la UTE conformada por Indra y Telefónica, empresa que ahora preside Marc Murtra, expresidente ejecutivo de Indra.
Personación voluntaria
Una vez admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra una decisión de la Administración, el tribunal efectúa una notificación a los posibles afectados por una potencial sentencia para que puedan personarse en el procedimiento si lo consideran oportuno.
Los afectados tienen la libertad de decidir si se personan o no, dado que el recurso se dirige contra un real decreto. En este caso, Indra, Escribano y Telefónica han optado por hacerlo de forma voluntaria, previsiblemente para oponerse junto al Ministerio de Defensa a las medidas cautelares solicitadas por Santa Bárbara. Así, pasan a convertirse en codemandados y entran a formar parte del procedimiento judicial.
Personarse como codemandados permite que las tres compañías puedan conocer con mayor detalle el desarrollo del caso, demostrar su implicación en el mismo e incluso apoyar la estrategia de defensa pública. Aunque no lo hubieran hecho dentro del plazo de nueve días fijado por la regulación, podrían hacerlo más tarde, pero sin el derecho a que eventualmente se retrotraiga el procedimiento.
El real decreto recurrido por Santa Bárbara adjudicó prefinanciación por más de 4.700 millones a una decena de programas de Defensa. Indra participaba en nueve de ellos, ya sea en solitario o con socios. Los principales contratos, los ATP de ruedas y cadenas, recibieron préstamos por importe de 3.000 millones de euros.
La inclusión de Indra como parte codemandada, aunque se trate de un paso voluntario, supone un hito adicional en la reciente escalada de las tensiones entre la empresa presidida por Ángel Escribano y Santa Bárbara.
Los contratos afectados
- El real decreto que ha recurrido Santa Bárbara incluye dos programas de obuses autopropulsados, de 7.000 millones de euros.
- Los dos contratos de obuses fueron repartidos a una UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
- Como parte del lote, Indra se alía con Telefónica en un proyecto de conectividad prefinanciado con 380 millones de euros.
- El recurso de Santa Bárbara también afecta a un programa de proyección anfibia a cargo de Indra y EM&E.