- La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra
- Yolanda Díaz se une al PP y los consumidores y pide una prórroga urgente de la rebaja
- Editorial. El futuro de las ayudas frente a la inflación
Tras escalar la tensión bélica, Yolanda Díaz trata de desmarcarse de las ayudas que validó ella misma con fecha de caducidad.
La caótica evolución de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que tras varios días de avances acabaron saltando ayer por los aires a raíz de los nuevos ataques de Israel contra posiciones del grupo terrorista Hezbolá en el Líbano, volvieron a disparar los temores entre los socios del Gobierno a una crisis inflacionista. Horas después de que decayeran las rebajas fiscales en las facturas del gas y la luz, la vicepresidenta y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, se descolgó reclamando una prórroga "urgente" de las medidas recién desactivadas.
Una maniobra que parece más orientada a obtener foco mediático en plena crisis por los escándalos de corrupción y acoso a la Justicia que rodean al PSOE, y sobre los que la formación que encabeza la ministra de Trabajo mantiene una postura nada exigente con su aliado de legislatura. La propia Díaz validó el diseño del plan anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo en Consejo de Ministros extraordinario, que contemplaba que, si la subida de los precios era inferior al 15% en el mes de abril, como así fue, y también en mayo, decaerían las ayudas a consumidores y empresas. Por lo que ahora ni puede hacerse la sorprendida ni desmarcarse de la gestión del Ejecutivo del que forma parte desde 2018, primero como miembro de Podemos y tras las elecciones de 2023 encabezando Sumar.
Los populistas temen el impacto que puede tener en su electorado la desactivación del plan parcial frente a la crisis bélica en Oriente Próximo cuando la mayoría de las familias no se han recuperado aún del golpe inflacionario y la renovada incertidumbre sobre la duración del conflicto mantiene vivo el miedo de la población vulnerable. En conjunto, será un sobrecoste fiscal de 300 millones de euros, que por hogar puede suponer unos 20 euros más al mes en un contexto de intensa pérdida de poder adquisitivo por la inflación y la elevada carga tributaria que mantienen PSOE y Sumar con la recaudación en tasas récord para sostener el despilfarro en medidas de corte electoralista.
El Ministerio de Economía ha prometido monitorizar la evolución de los precios de los bienes y servicios más afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, con miras al mes de julio, pero en medio de la tormenta judicial sobre el PSOE y con algunos de sus hasta ahora socios como Junts y PNV reclamando la convocatoria de elecciones anticipadas, anunciar nuevas medidas generalizadas puede ser una maniobra política tentadora.
Señales contrapuestas sobre el alza de preciosEl futuro de las ayudas frente a la inflaciónFrenazo europeo por Ormuz, salvo para España Comentar ÚLTIMA HORA-
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