El Gobierno cercado por los casos de corrupción y los escándalos de índole sexual en el seno del socialismo trata de aferrarse con urgencia a la legislatura con un paquete de medidas dirigido a amplios colectivos, capaces de sumar cantidades importantes de voto, y cesiones exprés a Junts. El último pleno del Congreso ha puesto de manifiesto la agilidad sobrevenida del Ejecutivo cuando la presión amenaza con reventar la olla, pero también la inutilidad de este esfuerzo: la Cámara ha tumbado por segunda vez la pretensión de Sánchez de conseguir, Presupuestos mediante, un pasaporte para llegar hasta 2027. PP, Vox, UPN y Junts vontando en contra y Podemos y Compromís absteniéndose han vuelto a tumbar la senda de estabilidad y el techo de gasto propuesto por el Gobierno.
La subida del sueldo de los funcionarios, la ley de atención a la clientela en las lenguas cooficiales, las ayudas complementarias a los afectados por el volcán de La Palma o el permiso a las entidades locales para hacer uso de parte de su superávit para inversiones sostenibles y, de paso, reconocer a la Generalitat de Cataluña la competencia para aprobar la oferta pública de empleo y la selección de los funcionarios, son algunas de las iniciativas que salen adelante y con las que el PSOE intenta demostrar a duras penas que hay partido.
Por el contrario, el Congreso ha tumbado en segunda vuelta el paso previo a la tramitación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Junts, con sus siete votos imprescindibles, ha vuelto a darle la espalda: "Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana", afirmó su portavoz Josep Maria Cruset dando de facto carpetazo definitivo al debate. Ahora, tras este tropiezo que ha naufragado por los votos en contra de las dos fuerzas de la derecha a las que se suman los diputados de Puigdemont, obliga al Gobierno a remitir a las Cortes, en su caso y en plazo aún desconocido, un plan de cuentas nacionales acomodado a un límite de gasto antiguo.
En un clima de desconfianza, en algunos casos abiertamente declarada y, en otros, impostada, transcurrió la última sesión del año del Pleno del Congreso que pretende abrir un largo periodo vacacional hasta mediados de febrero. Un plazo que previsiblemente sólo se verá interrumpido por la convocatoria en enero, a petición del PP, de una diputación permanente, el retén parlamentario entre periodos de sesiones.
Será esta una etapa que en La Moncloa ansían para alejarse en la medida de lo posible del rosario de escándalos que le afectan de lleno. El paréntesis intentan que empiece de inmediato: Sánchez tiene previsto ofrecer la rueda de prensa habitual de fin de año el próximo lunes día 15, antes de las elecciones en Extremadura que pronostican un muy mal resultado para los socialistas y a partir de ahí, nada hasta como mínimo la segunda semana de enero.
No obstante, cuando tras el periodo navideño empiece a recuperarse lentamente la actividad, el Ejecutivo seguirá teniendo sobre la mesa el problema de la falta de Presupuestos. Afrontará el tercer año de legislatura con unas cuentas prorrogadas diseñadas por otro Gobierno y aprobadas por otro Parlamento. Nunca había sucedido algo así. Y a ello se sumarán los casos judiciales que afrontan quienes formaron parte del núcleo más próximo a Pedro Sánchez.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a dedicarse con ahínco y extensión a defender sus objetivos de déficit y su pretensión de aportar más dinero a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social. "Lo que votamos hoy", dijo, "es esto; no se puede explicar que haya partidos que voten en contra sin tener en cuenta el perjuicio que pueden causar a las autonomías". Según Montero "sube el gasto porque aumenta el bienestar de los ciudadanos" y como ejemplo cita el incremento del sueldo de los funcionarios como clave para "fortalecer la democracia"
Para la vicepresidenta primera es falso que el Gobierno sea "inestable". En su opinión la prueba está en el dato de crecimiento, en la creación de empleo y en el nivel de la prima de riesgo. "Lo que al PP le molesta es que España funcione y progrese sin ellos", insiste. "La derecha sigue atrapada en un bucle en el que cada día es peor", recalca.
El PP no perdió la oportunidad de recordarle a Montero que todas las personas de su confianza están hoy imputadas o detenidas. Y que lo que presentaba -la senda de estabilidad y el techo de gasto- se saltaba los procedimientos. "La culpa de no tener Presupuestos es sólo de usted, ustedes decidieron sus socios y nosotros no estamos aquí para salvarles a ustedes", lanzó el portavoz de los populares Juan Bravo.