- R. LANDER
Este organismo se concibió para resolver reclamaciones de menos de 20.000 euros. La banca ha sido muy combativa en su contra y Junts y PP han bloqueado el proyecto legislativo.
La Autoridad del Cliente Financiero, el organismo anunciado por el Gobierno en época de Nadia Calviño como vicepresidenta económica, ha embarrancado y es probable que no vea la luz finalmente.
El proyecto, que lleva un año en el trámite parlamentario, formaba parte de la lista de reformas legislativas que el Gobierno prometió realizar de aquí a 31 de agosto a cambio de recibir los 25.000 millones de fondos europeos Next Generation que faltan por llegar.
Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido sacar esta ley del paquete acordado con Bruselas ante la premura de tiempo y sobre todo la falta de votos parlamentarios para sacarla adelante.
Oficialmente, el Gobierno sostiene que la voluntad es aprobar este organismo a medio plazo, pero será muy complicado porque Junts, PP y Vox están en contra.
Vocación
En tiempos de Nadia Calviño la Autoridad Financiera llegó a aprobarse en el Congreso y se estaba discutiendo en el Senado cuando Pedro Sánchez convocó elecciones en 2023. Carlos Cuerpo relanzó este proyecto con el mismo esquema el año pasado.
Su vocación, según el Gobierno, era descargar de trabajo a los juzgados y evitar que el consumidor incurriera en costes adicionales. Iba a asumir una tarea que ahora llevan a cabo el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la CNMV. Este organismo iba a centralizar las reclamaciones por mala comercialización de productos bancarios, de seguros y de inversión. La nueva autoridad también iba a atender las quejas contra firmas de criptoactivos, fintech y por créditos concedidos por entidades no reguladas por el supervisor.
Sus resoluciones iban a ser vinculantes para bancos, aseguradoras y empresas de servicios de inversión (las del Banco de España no lo son) en el caso de conflictos por un importe inferior a los 20.000 euros, que son la mayoría.
La banca, muy en contra de este organismo, era la encargada de financiar esta Autoridad a través de una tasa que se calculará en función del número de pronunciamientos recibidos en contra. Es decir, penalizaría más a aquellas entidades con peores prácticas comerciales. El 40% del coste de funcionamiento de la Autoridad se repartiría de forma proporcional al número de reclamaciones recibidas por banco o aseguradora. El 60% restante, en función del peso de los dictámenes en contra.
Efecto llamada
Las patronales bancarias se han opuesto desde el principio a la necesidad de este organismo, porque sostienen que generará más costes y que puede incentivar la litigiosidad de los clientes. La AEB citaba la experiencia de Reino Unido. Allí, la Autoridad de Conducta Financiera ha multiplicado por cinco el número de reclamaciones recibidas en diez años. Comenzó con 300 empleados y ya cuenta con más de 3.000.
La banca, que ha hecho mucho lobby para impedir que saliera adelante, pedía limitar el radio de acción de este organismo a conflictos por hasta 2.000 euros, en lugar del umbral de 20.000 euros que contempla la ley. Según argumentaba, el 95% de las quejas que recibe el sector rondan esta cifra.
No solo la banca levantó la voz. Pablo Hernández de Cos, durante sus años como gobernador del Banco de España, criticó aspectos clave de esta nueva autoridad y había serias dudas sobre si conseguiría atraer la plantilla necesaria para su puesta en funcionamiento.
También lo hicieron los jueces. El Consejo General del Poder Judicial consideraba que este sistema invade sus competencias y puede ser inconstitucional. El poder judicial veía "exorbitante" que pudieran reclamar no solo consumidores, sino también empresas, como contempla el proyecto legislativo.
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