La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes y que desde diciembre de 2007 investiga a nivel técnico todos los incidentes ferroviarios en España, volverá a encargarse de indagar sobre lo ocurrido en Adamuz. Lo hará a pesar de que Europa denunció su falta de independencia en 2016 e insistió dos años después. Porque la actuación de la actual CIAF fue duramente criticada por la UE en el caso del Alvia de Santiago de Compostela. Por eso, desde 2024, el Gobierno impulsa una nueva ley para crear un organismo único e independiente para analizar los siniestros de los ámbitos ferroviario, marítimo y de aviación civil.
La nueva ley empezó a tramitarse en 2021 y se aprobó el 1 de agosto de 2024. Casi año y medio después, sigue pendiente de desarrollarse y el nuevo organismo no se ha constituido. Sí se dieron pasos: en abril de 2025, se abrió un período de audiencia e información pública para aprobar el estatuto orgánico de la «Autoridad Administrativa Independiente». El plazo de aportaciones está cerrado. Y hasta ahí se avanzó.
La ausencia de este nuevo ente investigador vuelve a poner el foco en la pertinencia del trabajo de la CIAF, que la Unión Europea ha puesto en tela de juicio en los últimos años a raíz del accidente del Alvia de Angrois. En ese siniestro, la comisión concluyó que la causa del accidente se debió al exceso de velocidad provocado por el maquinista y a su falta de atención al responder a una llamada del interventor, si bien, luego, el juzgado la enmendaría condenando también el responsable de seguridad en la circulación de Adif cuando se puso en funcionamiento la línea.
Para saber másGráfico.Así fue el accidente: la secuencia de la tragedia
- Redacción: ELSA MARTÍN
- Redacción: EMILIO AMADE
- Redacción: ÁLVARO MATILLA
- Redacción: MARÍA ALCÁNTARA
Imágenes del accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba)
- Redacción: ELENA IRIBAS / AGENCIAS
La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) cuestionó que la composición de la comisión «no aseguró la independencia de la investigación» y un informe de las autoridades europeas facilitado a la plataforma de víctimas del Alvia a través de la mediación de la eurodiputada del BNG Ana Miranda criticó que el análisis de la CIAF «se concentra en la causa directa, un error humano», pero «no responde a preguntas esenciales sobre las causas raíz del accidente». Cuestionó que no cumplió con los requerimientos de independencia que establece la directiva comunitaria y que «la obligación de investigar accidentes no se ha cumplido adecuadamente».
La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por esa falta de independencia y, tras la dura reprimenda, el Gobierno reformó la CIAF y su sistema de nombramientos y promovió esta ley todavía pendiente de desarrollo.
La CIAF actual que realizará la investigación de este accidente la preside Ignacio Barrón de Angoiti, ingeniero de caminos, directivo de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y viejo conocido de las víctimas del accidente de Santiago, porque en el año 2013 presidió la comisión técnica promovida por el Ministerio de Fomento días después del siniestro para que le asesorase en materia ferroviaria.
En la primera reunión de la comisión, reconoció que en el sistema ferroviario español «todo es mejorable» y añadió una coletilla que recuerdan los afectados: «Todos no podemos ir en Mercedes, ni todas las ciudades españolas pueden tener metro o todos los transportes».
Xosé Carlos Fernández, experto en Ferrocarriles, ingeniero de Obras Públicas y gran conocedor de lo ocurrido en Angrois también lamenta que «pasó un año de media y tal autoridad, que sería lógicamente independiente, sigue sin estar constituida» y que la actual CIAF «está compuesta por personas que pertenecen o pertenecieron a las empresas ferroviarias del Estado». Sí reconoce que una baza que juega a su favor ahora es que el accidente también implica a la empresa Iryo, de modo que puede ser «garantía» de mayor independencia.
La ley de 2024 recoge que la nueva «Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes» hará un «refuerzo de su independencia» frente a la tarea que ahora realizan tres comisiones sectoriales diferentes. Para hacerlo, varía el sistema de designación de la Presidencia, que deberá contar con la aprobación del Congreso de los Diputados. Hasta ahora, lo nombraba el Ministerio.
Se concibió esa ley, según el texto aprobado, para garantizar la autonomía financiera de la autoridad respecto al Gobierno, lo que supone, sin duda, un «refuerzo importante de su independencia frente a eventuales injerencias». Además, frente al sistema precedente, la ley ordena la dedicación exclusiva del presidente y de los consejeros, les somete al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado y establece un periodo de dos años tras el cese en el que no podrán ejercer en el ámbito privado actuaciones relacionadas con las competencias de este organismo.