Antxon Alonso, socio del ex número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, intentó utilizar la empresa de ambos, Servinabar, para que dos grandes empresas investigadas actualmente por la Justicia por presuntos sobornos, Acciona y Forestalia, hicieran negocios juntas. Además, intentó también involucrar a la primera con UGT, mientras daba trabajo en Servinabar al hijo del secretario general del sindicato en Navarra, Jesús Santos.
La conexión de ambas empresas y el sindicato emerge en los documentos enviados por Acciona ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, donde se investigan adjudicaciones presuntamente amañadas por la trama. Acciona ha reconocido ahí descuadres en pagos a Servinabar por dos obras -la autovía de Logroño y el tren de San Feliú de Guixols-, y ha enviado al juez un cuadro de todos sus proyectos siquiera esbozados con Servinabar.
Entre ellos, dos alusiones muy claras a Forestalia y UGT. En el primer caso, para hacer juntos parques de energías renovables, uno de los grandes negocios de España durante los últimos 15 años, presuntamente apoyado, en el caso de Forestalia, en la concesión de licencias medioambientales a cambio de sobornos, por lo que su dueño, Fernando Samper, y el alto funcionario Eugenio Domínguez han sido detenidos recientemente. En el caso de UGT, se trataba de un posible negocio inmobiliario en Pamplona en un edificio propiedad de la central.
El 29 de noviembre de 2023, tal y como consta en los documentos, el Director de Desarrollo de Negocio de Acciona recibía de Servinabar -la firma que la Guardia Civil cree mayormente dedicada a generar 'mordidas' y cobrarlas- una propuesta en orden a un "acuerdo de UTE [Unión Temporal de Empresas] para la posible oportunidad de negocio con Forestalia". Se trataba, según el documento enviado por Acciona a Ismael Moreno, de una "posible oportunidad de negocio relativa al diseño y/o construcción" de "infraestructuras" como "parques de generación de energías" o "líneas de transmisión".
Se da la circunstancia de que Acciona y Forestalia ya estaban entonces, y están, en el negocio eólico, y en gran medida en el mismo lugar. De hecho, ambas han invertido en enormes proyectos en la zona del Maestrazgo, en Teruel, donde se han destapado los presuntos sobornos de Forestalia, y de la que Acciona intenta actualmente salir, vendiendo los tres proyectos que posee en el lugar (denominados 'Hocino' y 'Caballos'), ya autorizados pero con problemas en su declaración de utilidad pública.
Estos tres proyectos, según observadores como la plataforma Paisajes de Teruel, habrían sido conseguidos en circunstancias legales tan poco claras como los de Forestalia, con informes medio ambientales negativos que finalmente ceden ante una última decisión funcionarial positiva, en este caso del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Una institución, según la Guardia Civil, 'controlada' a la sazón por Samper.
Así, Antxon intentaba en ese momento unir, bajo el paraguas/vínculo de Servinabar, a dos empresas cuya ejecutoria está hoy más que en tela de juicio merced a las investigaciones judiciales y políticas.
¿En qué quedó todo? Según Acciona, en nada. Junto a la alusión a la propuesta, en la casilla de "Ejecución", el informe de la empresa al juez señala: "Proyecto latente por falta de permisos, pero no descartado. Se hace seguimiento con Forestalia". Lo cual viene a decir que probablemente se exploraron las posibilidades y determinaron objetivos.
En cuanto a UGT, el 1 de julio de 2021 Acciona recibió la propuesta de Servinabar de un posible "acuerdo de UTE para la posible licitación de tres obras privadas". Dos de ellas formarían parte de una operación en orden a "reconvertir un edificio de oficinas de UGT en Pamplona en un edificio residencial para 42 viviendas", que sería "permutado por otro edificio de oficinas de nueva construcción".
Apenas un detalle en el informe que envía Acciona al juez, pero particular teniendo en cuenta que Antxon Alonso tuvo en plantilla de Servinabar durante al menos ocho años a Iván Santos, hijo del entonces secretario general de la central en Navarra, Jesús Santos. Este ha asegurado a EL MUNDO que su vástago, que fue uno de los primeros empleados de Servinabar -si no el primero- allá por 2016, fue contratado por la mercantil con absoluta normalidad y legalidad, y Santos no está investigado. La Guardia Civil, en todo caso, considera la firma un vehículo para generar 'mordidas' a cambio de contactos e influencia, y pone en duda que ofreciera prestaciones reales.