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El año 2025 se cierra con un panorama cultural marcado por conflictos institucionales explícitos, una creciente politización del espacio creativo y un debate persistente sobre autoridad cultural, legitimación y visibilidad.
El episodio más significativo ha sido el distanciamiento público entre la ... Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, poco habitual por su intensidad y por la centralidad simbólica de las entidades implicadas. A lo largo de 2025, las declaraciones del director del Cervantes, Luis García Montero, contra el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, pusieron de manifiesto una disputa sobre el liderazgo en la política cultural del español, especialmente en lo relativo a la proyección internacional de la lengua y a la organización del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).
La insistencia del director del Cervantes en sus señalamientos despertó el rechazo de otros académicos como Álvaro Pombo o Arturo Pérez-Reverte, quien subrayó los intentos de García Montero de «colonizar» las instituciones de la lengua española. También la RAE, aunque por otros motivos, causó disgustos en quienes esperaban ver al poeta Luis Alberto de Cuenca como acreedor del sillón «o», el cual le fue negado en una nueva ocasión. Se habló de un «lobby lingüista» o grupo de presión que orquestó su no elección.
Un aroma de politización impregna los espacios institucionales. Un discurso que se abre paso en las industrias culturales, por ejemplo, la retirada anunciada por RTVE del festival de Eurovisión 2026 debido a la decisión de la UER de permitir la participación de Israel, en protesta por la situación en Gaza.
En este contexto, conviene examinar otros ejemplos más específicos. Uno de ellos es lo ocurrido con la adaptación audiovisual de ‘Anatomía de un instante’, la serie producida por Movistar+ y basada en el libro de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Ésta adquirió una dimensión institucional significativa al ser presentada oficialmente en el Congreso de los Diputados, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a representantes políticos y culturales. Merece la pena mencionar cómo el Festival Sónar, posicionado como una de las celebraciones de música más destacadas de España, padeció este 2025 la baja de más de treinta artistas y de un buen número de asistentes tras revelarse su relación con el fondo de inversión proisraelí KKR.
La polémica es consustancial al hecho cultural, qué duda cabe. Llama la atención, sin embargo, una escalada de la cancelación en el debate de ideas. En estos días, Juan Soto Ivars ha dado nuevas claves sobre hasta qué punto un libro puede ser extirpado de su lectura original para ser arrojado a otro lugar. Este mes publicó ‘Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género’ (Debate), un ensayo en el que cuestiona el tratamiento jurídico, mediático y político de las denuncias falsas en el marco de la ley de violencia de género en España y ha sufrido una fuerte contestación por parte de colectivos feministas y representantes políticos, quienes lo acusaron de desviar la atención de las víctimas reales de violencia machista, lo que derivó en protestas y peticiones de cancelación de algunas presentaciones públicas, como la celebrada en Sevilla.
Luisgé Martín, quien trabajó con Pedro Sánchez, se convirtió en objeto de feroz censura por aquellas mismas personas con las que compartió empresa política e intelectual
También fue objeto definitivo de censura ‘El odio’, libro de Luisgé Martín que reconstruye el crimen de José Bretón a partir de 60 cartas enviadas desde prisión y de un encuentro personal con el autor. Tras el adelanto del libro en prensa, Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados, denunció que la obra da voz al criminal sin contar con ella ni informarla, lo que llevó a la Fiscalía de Córdoba a abrir diligencias y a trasladar el caso a Barcelona. El libro fue retirado del mercado. Anagrama renunció de manera voluntaria a su publicación. Resultó especialmente curioso que Luisgé Martín, quien trabajó en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, y tuvo un papel protagonista en la comunicación del movimiento feminista de izquierda y acabara dirigiendo el Instituto Cervantes de Los Ángeles, se convirtiera en objeto de tal feroz censura por aquellas mismas personas con las que compartió empresa política e intelectual.
La incivilización cultural ha tomado las formas más variadas, una de ellas ha sido la imposición de determinados criterios oficiales sobre disciplinas artísticas como la tauromaquia. También conviene resaltar, porque es manifiesta, la beligerancia del ministerio de Cultura, representado en Ernest Urtasun, que continúa excluyéndola tanto de los premios Nacionales como de las Medallas del Oro de las Bellas Artes, incluso a pesar de que según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, 3,4 millones de españoles asistieron a espectáculos taurinos en el último año, una cifra muy superior a registros anteriores: en 2018-2019 fueron 3,1 millones; en 2014-2015, 3,7 millones; en 2010-2011, 3,3 millones; en 2006-2007, 3,7 millones, y en 2002-2003, 3 millones.
La fijación con el tema llegó hasta el punto del veto del Ministerio de incluir al torero, escritor y mecenas sevillano Ignacio Sánchez Mejías en la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, obviando su mediación en la formación del propio grupo.
Hay un fenómeno cada vez más visible de España como nodo cultural: el incremento sostenido de producción, programación y circulación de contenidos culturales creados por autores iberoamericanos, especialmente en literatura, ensayo, artes escénicas y pensamiento. Según datos del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de Madrid, más del 30 por ciento de las actividades literarias internacionales programadas en centros públicos madrileños en 2024-2025 estuvieron protagonizadas por creadores procedentes de América Latina.
Además de recibir una importante ola migratoria, España se ha convertido en espacio institucional y simbólico para exponer conflictos históricos, políticos y sociales –violencia estructural, memoria, archivo, feminicidio, poscolonialismo–, una manifestación cultural cada vez más visible, por distintas razones: desde la creciente inmigración iberoamericana, hasta un escenario marcado por la insistencia de reparaciones históricas, cuya deriva ha sido hasta cierto punto paternalista.
Hace unas semanas, Ernest Urtasun presentó una ambiciosa inversión de 13,6 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura para borrar de sus museos el «pensamiento decolonial». En octubre de este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró a España la petición de disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. La «iberoamericanización» –y eso conviene decirlo– de la cultura produce sinergias afortunadas; una de ellas, el peso del idioma español en su conjunto. En el ámbito del International Booker Prize, dedicado a la ficción traducida al inglés, la lista larga de trece títulos de 2025 incluyó a la autora mexicana Cristina Rivera Garza, el dato fue destacado por diversos medios culturales como indicativo de una tendencia sostenida: la narrativa latinoamericana –y, por ende, traducida del español– mantiene una presencia cada vez mayor.
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