La investigación del caso Plus Ultra se adentra en una nueva fase después de que el magistrado de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama y la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente hayan decidido investigar en profundidad la concesión del rescate público, según ha podido saber EL MUNDO.
Distintas fuentes de la investigación consultadas indican que tanto Calama como el Ministerio Público quieren averiguar si la aerolínea cumplía con los requisitos legales exigibles para acceder a la ayuda de 53 millones de euros. Ayer, durante el interrogatorio a Julio Martínez Sola, ya se atisbaron las pretensiones de juez y fiscal.
Se da la circunstancia de que el venezolano Rodolfo Reyes y su esposa, la española Aurora López, llegaron a atesorar el 64 por ciento de la compañía, lo que llevó a la fiscal Lorente a plantear cómo una empresa controlada por capital extranjero pudo acceder a las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia del Covid.
Además, la fiscal Anticorrupción se detuvo en el blanqueo de capitales posterior al rescate llevado a cabo, presuntamente, con los préstamos que recibió Plus Ultra.
Por su parte, las respuestas que dio el ex presidente de la compañía Julio Martínez Sola fueron en una doble dirección. Por un lado, defendiendo que la compañía cumplía con las exigencias previstas en la Ley para acceder a la millonaria ayuda por parte de la Sepi (aunque el imputado aseguró que él no intervenía en el día a día de la compañía) y, por otro, desvinculándose del lavado de fondos posterior en Venezuela que desde un primer momento se investiga en esta causa.
Lo más relevante del interrogatorio llegó, no obstante, cuando Martínez Sola admitió ayer ante el juez que aceptó pagar una comisión del 1% «al grupo Zapatero» para que lograra la concesión a la aerolínea de un rescate estatal de 53 millones de euros.
Durante las más de dos horas en las que respondió a las preguntas del magistrado instructor, la fiscal y su defensa, el empresario fue ratificando el contenido del escrito remitido en julio al juzgado, en el que reconocía esos pagos y las negociaciones mantenidas con Julio Martínez Martínez, considerado el representante y testaferro de Rodríguez Zapatero.
Sola sostuvo que no sabe qué concretas gestiones pudo hacer Zapatero para que Plus Ultra lograra la luz verde del Gobierno en marzo de 2021. Ni siquiera si esas gestiones se realizaron aunque cree que sí porque la ayuda estatal se recibió.
A preguntas del magistrado, el ex directivo sí ha justificado el pago de la comisión del 1%, que en chats entre los investigados denominaban «mordida». Se trataba de una comisión «a éxito» que solo se iba a abonar si se obtenía el rescate. Ha indicado que esa mordida se pagó para asegurarse que el rescate era concedido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante «la duda» pagaron. El ex presidente de Plus Ultra siempre ha mantenido que tanto él como su entonces CEO, Roberto Roselli, pensaron que en primer momento que las gestiones de Zapatero no tendrían coste alguno pero, con posterioridad, se dieron cuenta de que sí.
Martínez Sola también confirmó la llamada que recibió el 30 de abril de 2020 desde un número oculto por parte del propio ex presidente Zapatero. En el transcurso de esa conversación, de aproximadamente 10 minutos de duración, el empresario explicó al ex líder del PSOE la difícil situación financiera que atravesaba la compañía y la necesidad de acceder a un crédito ICO. Según el empresario, Zapatero le respondió que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas.
Este martes es el turno de declaración del ex CEO de Plus Ultra Roberto Roselli, quien también ha decidido colaborar con la Justicia y admitir el pago del soborno a Zapatero y su ex socio Julito.
A la declaración de ambos se suma la del propio Julio Martínez Martínez, que reconoció al juez que los pagos de Plus Ultra eran para el ex presidente del Gobierno.