- La factura contra España por los laudos de las renovables supera los 2.000 millones
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Un juez estadounidense ratifica que España debe pagar el laudo que ganó Rreef en el Ciadi en 2019, originalmente de 59,6 millones de euros, que ya acumula más de 15 millones en intereses de demora.
España suma otra resolución adversa en los tribunales de Estados Unidos, en el marco de la guerra de arbitrajes de las renovables. La Corte de EEUU para el Distrito de Columbia ha ordenado que España debe pagar 75 millones de euros -88,4 millones de dólares- al fondo Blasket, que tiene los derechos del arbitraje ganado por Rreef en 2019 en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
La orden judicial consultada por EXPANSIÓN, fechada del martes 3 de febrero, asegura que el laudo arbitral debe ejecutarse "del mismo modo que si se tratase de una sentencia firme emitida por cualquier tribunal de Estados Unidos". En la resolución, el juez Carl J. Nichols ordena además que el importe establecido acumule intereses adicionales cada día que el país siga sin hacer frente al pago.
En 2013, Rreef fue el primer inversor afectado por la retirada de las subvenciones a los proyectos de renovables que acudió al Ciadi para reclamar una indemnización. El fondo ganó un laudo de 59,6 millones de euros en 2019, que ya acumula más de 15 millones adicionales en intereses de demora.
Más de 600 millones
Esta decisión judicial redobla la presión sobre España en territorio estadounidense, donde ya suma siete sentencias en contra después de que varios inversores llevasen sus laudos a los tribunales del país, que ya han reconocido más de 600 millones de euros en indemnizaciones.
En paralelo al procedimiento en EEUU, un tribunal de primera instancia belga embargó en el pasado julio 200 millones de euros de los ingresos que transfiere cada mes Eurocontrol a Enaire, tras una reclamación de Blasket precisamente por el laudo de Rreef.
Este mismo procedimiento es el que siguió Blasket con el laudo favorable a la compañía japonesa JGC, que hasta ahora se trata del único pago efectuado por España a raíz de los arbitrajes de las renovables. Tras meses de negociación, finalmente realizó un desembolso de 32 millones de euros en julio de 2024.
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