Contundente espaldarazo de la Justicia europea a la enseñanza de un 25% de castellano en las escuelas de Cataluña. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la imposición de esta cuota de español en los colegios de la región al inadmitir por unanimidad una demanda presentada por un grupo de padres y la entidad independentista Òmnium Cultural contra la sentencia que obligó al centro Turó del Drac de Canet a empezar a impartir este porcentaje de la lengua común, provocando el acoso del secesionismo a la familia de la niña solicitante y a la pequeña.
El Tribunal de Estrasburgo subraya que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Cataluña ya que imedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender castellano".
Además, el Tribunal observa que "Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales". "Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el Tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional", señalan los jueces.
En su crítica frontal al sistema de inmersión lingüística en catalán, el TEDH subraya que "recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educactivo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".
"La decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción", precisa el tribunal europeo, que remacha: "Se consiguió un equilibrio adecuado entre la preservación dela unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística, de acuerdo con los compromisos internacionales".
El fallo es de una relevancia destacada porque llega antes de que el Tribunal Constitucional (TC) dictamine sobre el 25% de castellano. El tribunal de garantías español debe aclarar si la ley que ERC, Junts, el PSC y los Comunes aprobaron en 2022 para no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone el 25% de español en todas las escuelas de la autonomía catalana quebranta la Constitución y si también lo hace el decreto que aprobó el Govern entonces encabezado por el republicano Pere Aragonès para no ejecutar el fallo del TSJC.
El Ejecutivo socialista que lidera Salvador Illa no piensa variar el modelo lingüístico de las escuelas catalanas hasta conocer el fallo del TC. Tras conocer la decisión de la Justicia Europea, el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, ha señalado que la resolución del TEDH "no es una sentencia y, por tanto, ni analiza el fondo del caso ni tiene efectos sobre el conjunto del sistema educativo de Cataluña".
Aun así, el Ejecutivo autonómico ha querido reafirmar su apuesta por la inmersión al expresar su "compromiso con el modelo de escuela catalana que tiene el catalán como centro de gravedad".
La decisión de Estrasburgo ha sido celebrada por los partidarios del bilingüismo en el sistema educativo catalán. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha considerado que el TEDH "constata que la inmersión vulnera los derechos lingüísticos de los castellanohablantes" en lo que constituye "un nuevo fracaso [dice] para los que mienten y afirman que es un modelo de éxito avalado por Europa". Por el contrario, los partidarios de la inmersión, encabezados por Òmnium, denuncian que la sentencia "no tiene en cuenta que el modelo lingüístico que hay que aplicar en las escuela catalana [la inmersión] emana de una ley del Parlament que cuenta con el apoyo de más del 85%" de la Cámara catalana.