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Los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez están hundiendo la imagen de limpieza democrática que perciben las consultorías, organismos internacionales como el Banco Mundial y los grupos de expertos.
Los casos de corrupción en el seno del Partido Socialista que en los últimos meses han afectado al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que han desencadenado la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya están teniendo sus efectos sobre la imagen de España en el extranjero. El país presenta su peor valoración de la serie sobre la corrupción entre las empresas y los expertos internacionales, y cae hasta niveles inferiores a los registrados en países a priori menos transparentes, como Arabia Saudí, Ruanda, Catar o Botsuana.
Así lo pone de manifiesto la última edición, correspondiente a 2025, del Índice de Percepción de la Corrupción, que publica cada año la organización no gubernamental Transparencia Internacional en base a los datos recabados de 13 fuentes externas, entre las que figuran instituciones como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, empresas de consultoría y evaluación de riesgos y otros grupos de expertos, que califican a 182 países según su calidad democrática y su capacidad para luchar contra la corrupción desde los poderes públicos.
España pierde en esta edición un punto -hasta los 55, de 100 posibles- sobre la calificación que obtuvo el año pasado, cuando el informe ya le daba la peor desde 2012, fecha de la entrada en vigor el actual método de puntuación. Con el cambio, el país retrocede varias posiciones en la clasificación, hasta la 49, y se sitúa por detrás de territorios donde no existe la democracia (Arabia Saudí o Catar) o países del continente africano que históricamente han protagonizado graves conflictos internos, como Ruanda o Botsuana. En mejor posición que España también se encuentran jurisdicciones como Cabo Verde, Brunei, Emiratos Árabes Unidos o Bután, mientras que el país empata en la tabla con Fiyi y Chipre.
Dentro del territorio de la Unión Europea, España también cae un puesto en la clasificación y cada vez se encuentra más hundida en la tabla de percepción sobre la corrupción. En concreto, pasa a ocupar el decimoséptimo puesto de 27 posibles después de perder diez puntos desde 2012. En el lado opuesto de la moneda, el informe de Transparencia Internacional destaca los avances mostrados en esta materia en Grecia, que sube 14 puntos o República Checa, que mejora en diez puntos desde que arrancó el método de registro actual, superando a España.
Respecto a la imagen global de los 182 países del mundo que analiza el informe anual, el promedio de percepción de la corrupción cae en 2025 hasta los 42 puntos, algo que pone de manifiesto la "necesidad de contar con dirigentes con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público. Sin embargo, con demasiada frecuencia, presenciamos el fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable", señalan desde la organización.
Por ello, su CEO, Maíra Martini, hizo un llamamiento a que los gobiernos "actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para proporcionar un futuro mejor a sus ciudadanos".
Graves consecuencias
La cada vez peor percepción de la corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez dentro de las fronteras del país, mostrada por los ciudadanos mediante el castigo al PSOE en las urnas durante los últimos comicios autonómicos de Extremadura y, el pasado domingo, de Aragón, se traslada ahora a la opinión internacional, donde los resultados de España en el informe de Transparencia Internacional podrían afectar aún más a la imagen sobre la calidad democrática del país, en un momento donde grandes líderes de opinión mundiales como el empresario Elon Musk están centrando en el presidente del Gobierno sus críticas más agresivas.
La entrada en prisión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el pasado 25 de noviembre; y de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el 1 de julio sirve para escenificar los múltiples casos de corrupción que han afectado al entorno más cercano del presidente del Gobierno y al principal partido del Gobierno de coalición. En paralelo, la Justicia se encuentra dirimiendo si la propia esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
Todo ello, mientras el Ejecutivo ha iniciado la primera solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le condenase a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, al considerar que colaboró en la filtración de correos confidenciales relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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