La presión fiscal en la etapa de Sánchez crece al triple de ritmo que en la OCDE

• J. DÍAZ

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Entre 2018 y 2024, el peso de los ingresos fiscales sobre el PIB aumentó en España en 2,3 puntos, hasta el 36,7%, mientras que en el club de los países desarrollados lo hizo en apenas 0,7 puntos, al 34,1%.

Antes incluso de su llegada al poder en junio de 2018 gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy, el PSOE de Pedro Sánchez ya defendía su propósito de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa, una hoja de ruta que en la práctica suponía subidas de impuestos continuas y generalizadas para elevar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB y una tarea a la que los sucesivos Gobiernos de coalición se han entregado con frenesí recaudador desde entonces.

En la última década, la presión fiscal en España, magnitud que mide el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, se ha disparado en 3,2 puntos porcentuales, al pasar del 33,5% en 2015 al 36,7% en 2024, salto cuantitativo que se hizo más pronunciado a partir de 2018, con un alza de más de dos puntos de PIB a partir de 2020, hasta el 36,5%, que llegó para consolidarse, y que en 2021 escaló incluso al 37,4%, según datos actualizados ayer por la OCDE en su informe Estadísticas de Ingresos 2025.

Aunque las cifras de esos años están condicionadas por el monumental descalabro económico de 2020 (el PIB se contrajo un 10,9%) y el posterior y menos intenso rebote de 2021 (+6,7%), lo que hizo más abultado el peso relativo de los ingresos públicos sobre el PIB, no alteran en esencia el rumbo de una trayectoria que en los últimos años ha sido claramente ascendente... y una de las más pronunciadas entre los países desarrollados. De hecho, si se echa la vista aún más atrás, hasta 2010, el incremento en España ha sido de 5,6 puntos de PIB, solo superado por países como Japón, Grecia o Eslovaquía, y en línea con economías como las de México, Polonia o Luxemburgo.

Tendencia

En 2024, la presión fiscal en el conjunto de los países de la OCDE se aupó hasta el 34,1%, cuatro décimas más que en 2023 y 1,2 puntos por encima de los niveles de 2015, en el marco de una tendencia ligeramente al alza que, previsiblemente, irá a más en el futuro ante el envejecimiento demográfico y los cambios geopolíticos, que obligarán a incrementar el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, así como en seguridad y Defensa, sin olvidar las inversiones necesarias para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, este incremento contrasta con el experimentado en España, donde la presión fiscal ha crecido casi el triple en la última década: 3,2 puntos vs. los 1,2 de la OCDE, y otro tanto ha sucedido desde 2018: un alza de 2,3 puntos en nuestro país frente a los 0,7 del promedio del club de los países industrializados. Es decir, el ritmo de crecimiento de esa presión se ha más que triplicado durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Solo en el último año, 2024, el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB aumentó en España en tres décimas respecto a 2023.

Con este telón de fondo, en el que España fue en 2024 el decimoquinto país de 38 con la presión fiscal más elevada (lideran el ránking Dinamarca, con un 45,2%; Francia, con un 43,5%, y Austria, con un 43,4%), la nueva vuelta de tuerca tributaria se produce en un escenario de recaudación fiscal en niveles récord (más de 276.000 millones de euros hasta octubre, un 9,4% más que en igual periodo de 2024), un colosal esfuerzo fiscal que soportan en exclusiva los contribuyentes españoles, ya que el Gobierno se negó en redondo a deflactar la tarifa del IRPF, ni siquiera en los peores años del shock inflacionista, negativa en la que sigue enrocado.

Las cotizaciones sociales, las que más pesan

Una de las quejas recurrentes del tejido empresarial español es el aumento continuado de las cotizaciones sociales, que ha catapultado los costes laborales y encarecido el empleo. Y no es una denuncia retórica. Según la OCDE, en 2023 el 34,7% del total de la recaudación pública española provino de esas cotizaciones laborales; esto es, más de un tercio del total y 9,2 puntos por encima del promedio de la OCDE, que fue del 25,5%.

Es de lejos el capítulo que más pesa en los ingresos públicos (y sobre las espaldas de las empresas, lo que justifica sus quejas), seguido a distancia por los impuestos sobre la Renta, que aglutinaron el 24,4%, en este caso ligeramente por encima del 23,7% del promedio de los países. Por contra, la recaudación por IVA representó el 17,6% del total, frente al 20,5% de media de la OCDE. Precisamente, una de las reiteradas peticiones de la Organización a España es que armonice al alza los tipos del IVA.

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