El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de la regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de inmigrantes legalizar su situación en España ha provocado un colapso de los servicios administrativos, tanto de las oficinas de extranjería como de consulados y padrones municipales. A pesar de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclaró que no será hasta el mes de abril cuando puedan iniciarse los trámites, los afectados quieren ir recopilando toda la documentación que se les exigirá. Saben que tendrán que demostrar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, para lo que necesitan un certificado de empadronamiento, y que habrán de demostrar que no tienen antecedentes penales en sus países de origen, trámite que han de hacer ante los consulados. Con dificultades para gestionar las citas previas, el único recurso son las colas.
Una muchedumbre lleva apostada, día y noche, desde la pasada semana en los aledaños del Consulado de Argelia en Alicante. Es uno de los tres puntos del país donde los argelinos, una numerosa comunidad en España, pueden tramitar desde su pasaporte hasta visados, y también donde pueden otorgar poderes a sus familiares para que, en Argelia, soliciten por ellos el certificado de penales. En concreto, a Alicante tienen que acudir quienes residan en todo el arco mediterráneo, de Castellón a Cádiz: toda la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, además de Ceuta y Melilla.
El anuncio del Gobierno ha provocado que acudan en masa y, desde el pasado martes, para evitar altercados, la Policía Nacional mantiene acordonado el consulado, en la céntrica calle Pintor Velázquez, junto al Mercado Central. El objetivo es ordenar la cola que busca uno de los 400 números que dan cada día para realizar estos trámites. La cita previa solo se contempla para renovar el pasaporte o solicitar un visado. Al resto, les toca esperar.
Zahari Hallal ha pasado la noche bajo la lluvia en la puerta para garantizarse ser uno de los atendidos. "Tenemos que conseguir que nuestros familiares puedan hacer los trámites por nosotros allí, en nuestro país", explica. Desde Alcossebre, en la provincia de Castellón, llega Hamou Karima con el mismo objetivo: poder avanzar para lograr una regulación que le emociona. Ellos viven en la Comunidad Valenciana, pero los hay llegados hasta de Sevilla tras un largo viaje.
Su situación la comprenden vecinos y comerciantes, pero piden soluciones para que este colapso no interfiera en su día a día y, sobre todo, que no genere problemas de convivencia. En las primeras horas se denunció la presencia de personas durmiendo en portales y algún enfrentamiento entre ellos por no respetar la cola. Por eso, la subdelegación del Gobierno tiene previsto reunirse con el consulado para intentar coordinar el dispositivo. También se ha puesto el foco en vigilar que no existan prácticas irregulares de estafas, de venta de citas previas o falsedad documental.
En Canarias, con fuerte presión migratoria, es la oficina consular de Marruecos la que más peticiones está recibiendo, mientras que en Barcelona vuelven a ser los argelinos los más movilizados junto a los paquistaníes. Su consulado es la imagen de las colas interminables, de hasta cuatro horas de espera, y eso que ha ampliado su horario e incluso ha llegado a abrir el fin de semana con el objetivo de poder atender la avalancha de solicitudes. Alrededor de mil personas al día calculan que han llegado a pasar por las oficinas. Arman es uno de los que ayer se acercó para reclamarlo y "actualizar" su pasaporte. Hace cuatro años que vive en España, dos en Sevilla y los dos últimos en Barcelona, tiene dos hijos y la mujer está en su misma situación. "Es una oportunidad para trabajar, nadie lo esperaba", señala sobre el anuncio del Gobierno. El miedo de todos es que los papeles que dependen del país de origen no lleguen a tiempo, una burocracia que obliga a muchos a adelantar los trámites.
En Cataluña, el Govern calcula que entre 120.000 y 150.000 (una quinta parte del total) podrán beneficiarse de esta regularización. Ayer, la Generalitat, el Gobierno y entidades sociales y económicas organizaron una cumbre institucional para abordar la medida.
En Murcia, donde se calcula que podrían otorgarse hasta 50.000 permisos de residencia y trabajo, la presión la tienen las unidades de Extranjería, ante la avalancha de solicitudes de información. "Con los plantillas que tenemos, es inasumible", aseguran fuentes policiales.
Sin plan de choque
Esa incertidumbre la denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera "insólito" que el Gobierno haya anunciado esta medida sin haber diseñado un "plan de choque" como el que acompañó a la regularización de 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Faltan trabajadores y el volumen de trabajo es tremendo. Ya no hay puntos específicos de información en nuestras oficinas y todo se hace por internet. Y mientras, la aplicación está registrando fallos por sobrecarga", señalan estas fuentes. Indican que hay personas que van a quejarse de forma presencial por los retrasos en sus solicitudes, y que los que quieren acogerse a la nueva regularización deben ser redirigidos porque ni se ha abierto aún el plazo "ni saben cuándo va a abrirse".
El personal está considerando organizar manifestaciones e, incluso, ir a la huelga, una opción con la que el Ministerio "lleva muchos años encima de la mesa", aducen. ¿Qué implicaría una semana de huelga? "La paralización de unos 50.000 expedientes", estiman estas fuentes, que están determinadas a "luchar" por mejorar sus condiciones.
Una semana después de hacer público el acuerdo con Podemos, "los expedientes en materia de Extranjería han aumentado más del 25% y ya se está produciendo una saturación generalizada en unidades de documentación", denunció ayer el sindicato en un comunicado en el que urgía al Ministerio de Política Territorial a reunirse con ellos para pulir las múltiples aristas que todavía tiene la implementación de esta regularización.
Si consulados y servicios de Extranjería están saturados, el aluvión llega también a las oficinas de padrón de los municipios. En Valencia, la tercera capital de España, la larga cola rodea el edificio del Ayuntamiento y no se pueden solicitar citas previas hasta la próxima semana. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pide al Gobierno que dé la cara. "No hemos recibido ninguna información oficial sobre la supuesta regularización, pero sí vemos la incertidumbre. Falsas expectativas, propaganda y colapso de los servicios públicos: el manual de Sánchez", asegura mientras fuentes municipales hablan de "efecto llamada" y de derivar a los solicitantes de información a reclamarla en la delegación del Gobierno. No ha tardado la oposición en afear a la alcaldesa que las colas en el padrón en Valencia son una constante que no ha sabido atajar, aunque buena parte de quienes este miércoles la hacían buscaban el certificado que justifique que estaban empadronados antes del 31 de diciembre.