Dieciocho años de espera, cinco iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego y una proposición de ley cuyo trámite llegó a retrasarse hasta en 60 ocasiones en el Congreso. Ese es el largo recorrido que ha necesitado Galicia para que la Cámara Baja diera por fin el pasado jueves el primer paso hacia la transferencia de la AP-9 a la Xunta. El desenlace, sin embargo, resulta casi tan insólito como la propia batalla por el traspaso. El Partido Popular, impulsor histórico de la iniciativa desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo lideraba la oposición gallega, ha terminado votando en contra después de que PSOE, Sumar y BNG modificaran durante la tramitación el texto que durante años había sustentado el consenso político gallego. La batalla se trasladará ahora al Senado, donde los populares, amparados en su mayoría absoluta, ya han anunciado que intentarán revertir las consecuencias de una ley que consideran «inaceptable».
El encontronazo nace de los cambios introducidos por las izquierdas en el texto pactado inicialmente que, para el Gobierno gallego, eliminan las principales garantías económicas con las que debía llegar el traspaso. En concreto, desaparece el compromiso expreso de que el Estado asuma los gastos derivados de las decisiones que ha tomado durante todo el tiempo en que la Autopista del Atlántico ha permanecido bajo su titularidad. Tampoco garantiza que el Ejecutivo central siga financiando las obras ya comprometidas, las futuras inversiones, la ampliación de las bonificaciones a los usuarios o el recargo extraordinario del 1% anual que Audasa, actual concesionaria de la vía, tiene autorizado aplicar sobre los peajes hasta 2038.
Pero el principal riesgo llega por la vía judicial. La prórroga que sigue permitiendo a la empresa privada concesionaria de la AP-9 explotar la autopista durante dos décadas más —aprobada por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000—, ya fue considerada ilegal el pasado verano por la Comisión Europea al concluir que "vulneraba las normas comunitarias de contratación", lo que abre la puerta a que los tribunales puedan terminar anulándola. Si finalmente eso ocurre, la Xunta teme que los costes derivados de una decisión adoptada desde Madrid acaben recayendo sobre los contribuyentes gallegos.
4.000 Millones
Según los cálculos facilitados por la Consejería de Vivienda e Infraestructuras a EL MUNDO, aceptar la proposición de ley en los términos actuales supondría una factura de 3.939 millones de euros para la región. El mayor agujero correspondería al eventual rescate de la concesión, valorado en 2.544 millones. A esa cantidad se sumarían más de 900 millones para ampliar las bonificaciones a los usuarios, otros 484 millones derivados de ese recargo extraordinario sobre los peajes y alrededor de 554 millones en conservación, mantenimiento e inversiones.
Para los populares, la cuestión de fondo es sencilla: si el texto que durante años respaldaron por unanimidad todas las fuerzas políticas gallegas ofrecía las garantías necesarias, ¿por qué cambiarlo ahora?. Sobre esa idea incidió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al alertar de «un riesgo muy cierto» de que la operación termine suponiendo un duro golpe para las arcas gallegas. «No puede ser que, ya en los estertores de la legislatura, se tome este acuerdo corriendo, sin consultar prácticamente a nadie y que sea sin financiación, únicamente para que puedan colgarse la medalla política», apostilló.
Un negocio 'ruinoso'
Las consecuencias, sin embargo, van mucho más allá del choque entre administraciones. La AP-9 conecta las cinco grandes ciudades de la comunidad y soporta una intensidad media de más de 26.500 vehículos al día, lo que la convierte en la columna vertebral de la movilidad en Galicia. Por eso, tanto los usuarios como el sector del transporte admiten observar con «estupefacción» el rumbo que ha tomado el acuerdo en los últimos días.
«Resulta difícil de entender que quienes dicen defender los intereses de Galicia acepten un traspaso en estas condiciones. Llevamos años reclamando la liberalización de los peajes y el traspaso de la AP-9 a la Xunta, pero si el precio de conseguirlo es que seamos los únicos que asumamos una factura que corresponde al conjunto del Estado, no tiene ningún sentido», sostiene el secretario general de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), José Carlos García Cumplido.
A su juicio, el momento elegido por las formaciones de izquierda «tampoco es casual», al recordar que sólo ahora, cuando la prórroga de la concesión de Audasa atraviesa su momento más delicado y una resolución judicial que podría obligar al Estado a afrontar una indemnización millonaria parece cada vez más cercana, se ha decidido desbloquear una reivindicación que llevaba años sobre la mesa. «Es una trampa. Es como decirles a los gallegos: 'Toma, ahora que nos encontramos con este problema, aquí tenéis el muerto y arregláoslas vosotros'. Aceptar una ley como esta sería un negocio ruinoso para todos nosotros», critica.
La oposición tilda a Rueda de 'traidor'
Las formaciones que sacaron adelante la propuesta en el Congreso el pasado jueves niegan, sin embargo, que el nuevo texto deje desprotegida a Galicia y defienden que la norma «cumple escrupulosamente» las condiciones aprobadas en el Parlamento gallego. En esa línea se expresó, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que acusó a Rueda de «mentir a la ciudadanía» y defendió que «todos los gastos derivados de la gestión del Estado los tendrá que seguir asumiendo el Estado». A su juicio, el PP está «buscando excusas para justificar lo injustificable» y «boicoteando» una transferencia que Galicia llevaba años reclamando.
El líder del PSOE gallego, José Ramón Besteiro, fue aún más contundente y acusó al Partido Popular de haber dado la espalda a una reivindicación histórica de la comunidad. «Feijóo y Rueda pasarán a la historia por su traición a Galicia al votar en contra de la ley de transferencia de la AP-9. Cuando casi todo el Parlamento decide avanzar, el PP vuelve a quedarse solo y a votar en contra de Galicia», afirmó.
La proposición afrontará ahora su penúltimo examen en el Senado, donde el Partido Popular podrá aprovechar su mayoría absoluta para intentar reincorporar mediante enmiendas las garantías económicas eliminadas durante la tramitación en el Congreso. Si la Cámara Alta introduce cambios, la iniciativa deberá regresar de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, donde PSOE, Sumar y BNG disponen de la mayoría suficiente para mantener el texto que salió adelante por 179 votos frente a los 169 de PP, Vox y UPN.
Con todo, la única certeza que hoy parece quedar es que la demanda que durante años simbolizó el consenso político en Galicia afronta su recta final convertida en uno de los mayores motivos de confrontación. Lo que para unos representa el último paso hacia una reivindicación histórica, para otros amenaza con convertirse en un auténtico caballo de Troya: un lustroso regalo cuyo interior esconde una factura multimillonaria.