Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo de Interior de diciembre de 2025 en el que España votó en solitario contra el reglamento de retorno Unión Europea
Europa La Unión Europea aprueba crear centros de deportación fuera de su territorio: España, el único que vota en contraBruselas da luz verde a la norma para acelerar las deportaciones. España es el tercer país con peores resultados.
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Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 1 junio 2026 21:14h Actualizada 1 junio 2026 22:27h Las clavesLas claves Generado con IA
La Unión Europea da un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria. Tras dos meses de negociaciones, la presidencia chipriota y los representantes de la Eurocámara han alcanzado este lunes un acuerdo final sobre el nuevo reglamento de retornos, que pretende acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular y dar cobertura legal a centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo promovido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.
La reforma deja de nuevo al descubierto la soledad absoluta en Bruselas en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo plan de regularización masiva de migrantes choca frontalmente con los objetivos y la filosofía de este reglamento. "Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles", advirtió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, cuando se debatió la regularización de Sánchez en febrero en Estrasburgo.
En 2025, la tasa de retorno alcanzó el 27,5% de media en la Unión Europea, la cifra más alta en los últimos 10 años. España se situó entre los países con peores resultados: apenas ejecutó el 10,6% de las órdenes de expulsión dictadas, el tercer porcentaje más bajo de los Veintisiete, solo por delante de Países Bajos y Portugal. En el extremo opuesto figuran Malta, con un 97,7%; Lituania, con un 92,8%; y Letonia, con un 86,4%, muy por encima de la media comunitaria.
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El Gobierno de Sánchez fue el único país que votó en contra del reglamento de retornos en el Consejo de Interior de diciembre de 2025 y previsiblemente volverá a hacerlo en la aprobación definitiva, sin que su 'no' tenga ninguna consecuencia práctica más allá de certificar su aislamiento.
El último escollo de la negociación, resuelto este lunes entre la presidencia chipriota y la Eurocámara, ha sido la fecha de entrada en vigor: el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial), aunque varias disposiciones se aplicarán 12 meses después.
El objetivo es permitir a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptar su legislación, sistemas informáticos y formación del personal..
"El nuevo reglamento agilizará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE", ha dicho el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides.
La reforma introduce por primera vez la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un convenio concluido de forma bilateral o a nivel de la UE.
Dicho acuerdo o arreglo solo podrá celebrarse con un tercer país que respete las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos.
Estos centros de deportación podrían servir como destino final o como centros de transferencia que faciliten el retorno posterior al país de origen o a otro tercer país. Se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.
La normaimpone además a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales, como la reducción de prestaciones y ayudas concedidas de conformidad con la legislación nacional, o incluso sanciones penales, incluida la pena de prisión.
El nuevo reglamento prevé medidas especiales para las personas que representan un riesgo para la seguridad. Por ejemplo, los Estados miembros podrán imponer una prohibición de entrada que supere el periodo máximo habitual de diez años o incluso una prohibición de entrada indefinida en casos de seguridad, y también podrán imponer la detención en prisión.
El reglamento permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses.
Los menores no acompañados y las familias con menores solo serán detenidos como medida de último recurso y por el periodo más breve adecuado, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
El reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario por el momento y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento. El Gobierno de Sánchez reclamaba un reconocimiento automático obligatorio, pero también aquí perdió la batalla.