La acusación popular unificada, encabezada por el PP, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la declaración como testigos del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de los fiscales que mantuvieron reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez entre marzo y abril de 2025.
La petición incluye al teniente fiscal Diego Villafañe, la fiscal adscrita Beatriz López, la fiscal Ana Isabel García León y el jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Fortuny.
Las diligencias solicitadas se enmarcan en las reuniones celebradas en marzo y abril de 2025 entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo —defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán— y Diego Villafañe, entonces mano derecha del ex fiscal general. De acuerdo con la acusación, en esos encuentros se abordaron hechos que podrían tener relevancia penal.
Estas declaraciones se reclaman dentro de la investigación sobre una presunta trama destinada a interferir en actuaciones policiales y judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Tras examinar el informe remitido por la Fiscalía General y la declaración de Teijelo —quien se acogió al secreto profesional y evitó ofrecer detalles sobre el contenido de las reuniones—, la acusación considera necesario profundizar en la investigación. Argumenta que existen encuentros reconocidos, pero sin un registro formal de accesos, además de una falta de concreción sobre el propósito y el contenido de dichas reuniones.
En el caso de García Ortiz, la acusación sostiene que su declaración permitiría determinar si conoció, de forma directa o indirecta, el contenido de los encuentros; cuándo y por qué vía recibió esa información; si impartió instrucciones o realizó valoraciones al respecto; por qué no se impulsó ninguna actuación procesal pese a la posible relevancia penal de los hechos expuestos; y por qué esos contactos no quedaron reflejados en ningún registro oficial.
Respecto a Diego Villafañe, considera que su testimonio resulta esencial para esclarecer la información que se le trasladó, valorar su posible trascendencia penal y conocer la secuencia de decisiones que se adoptó posteriormente.
Asimismo, solicita la comparecencia de Beatriz López al tratarse de una testigo directa, cuya declaración serviría para contrastar y corroborar los hechos. También pide citar al jefe de seguridad de la Fiscalía General, al entender que la inexistencia de un registro oficial de visitas genera una importante laguna probatoria. Por último, reclama la declaración de Ana Isabel García León con el objetivo de obtener una visión completa de lo sucedido y evitar una reconstrucción parcial de los hechos.