La presión migratoria en Ceuta ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reforzar los juzgados de la ciudad autónoma: un juez se sumará al servicio de guardia y otro al de Violencia sobre la Mujer. Así lo acordó ayer por unanimidad de sus ocho miembros la Comisión Permanente, presidida por Isabel Perelló, tras analizar el informe encargado el pasado día 5 al Servicio de Inspección.
Ese documento incluye el reporte detallado de los dos juzgados de guardia que afrontaron los primeros días de crisis migratoria. Sus datos son los que llevan al Consejo a afirmar que lo sucedido «ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de Justicia».
«Por el Presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta y de la Plaza n.º 3, que se encontraba de guardia, Miguel Ángel Fernández Lupiañez, se informa que el servicio judicial ha soportado una importante carga de trabajo», explica el informe revisado por el CGPJ. «Se relata que el día 30 hubo pocos detenidos, como consecuencia del colapso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el día 31, viernes, la tónica fue similar, siendo que el día 1 de agosto se alcanzó la cifra de 20 detenidos, con asuntos de especial complejidad, que prolongó la jornada laboral hasta las tres de la madrugada». Prosigue explicando que el 2 de agosto «el número de detenidos bajo ligeramente» y desde ese día la cifra de detenidos se redujo, «siendo una media de 10 detenidos diarios».
La juez de la Plaza 4, Sara Beatriz López Rodríguez, encargada de la siguiente guardia -entre el 5 y el 11 de agosto- comunicó al Servicio de Inspección que esos días recibió «72 atestados con detenidos o citados», con un pico de 16 atestados el día 5. Sobre el tipo de delitos, se produjo «un importante número de detenidos por resistencia y atentado y por delitos contra el patrimonio, especialmente robos con violencia».
Una de las «principales dificultades operativas» ha sido que «numerosos detenidos» se encontraban requeridos por múltiples órganos judiciales, lo que obliga a tramitar diversos procedimientos respecto de una misma persona, lo que ralentiza «significativamente» la tramitación.
El mismo juzgado 4 es, además, el que tiene asignadas las competencias de Violencia sobre la Mujer en Ceuta. Comunica las cifras sobre ese tipo de delitos y hace una comparación con lo que era habitual en la ciudad autónoma. «Por la magistrada se destaca que desde el 4 de agosto se han incoado 9 diligencias previas por agresiones sexuales, unas por atestado [policial], otras por informe médico. Desde el 1 de enero se habían incoado 16 diligencias de este tipo, es decir aproximadamente 2,25 por mes, por lo que en esta semana se ha producido un incremento notable». Los nueve casos en menos de 15 días de datos supone que la frecuencia de agresiones sexuales se multiplicó por ocho.
Además del refuerzo a este juzgado, la Comisión Permanente ha acordado prorrogar la estancia del juez que ya prestaba apoyo en materia de violencia de género. Su cese como refuerzo estaba próximo y él mismo había pedido su continuidad, dadas las circunstancias.
Al margen de los aspectos penales, el presidente del Tribunal de Instancia resalta en su escrito a la Inspección que en la carga de trabajo pesa especialmente la tramitación de los fallecimientos que quienes intentaban acceder a Ceuta, que cifra en 96. Son procedimientos «de una especial complejidad técnica y requiere la dedicación de un importante número de recursos humanos».
Los refuerzos acordados deberán ser ahora tramitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Consejo también ha pedido al Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños que haga su parte y refuerce el personal sobre el que tiene competencia, algo que los jueces de la ciudad reclamaron en una reunión con el CGPJ el pasado viernes. Se solicita al Ministerio un letrado de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios, así como la incorporación de dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.