Cientos de comerciantes temen el auge de los populistas de Silvia Orriols. Arte / E.E.
Reportajes Los 700 comercios señalados por Orriols por no atender en catalán: "Pueden cerrarte el negocio; esto es una dictadura""Hemos iniciado un proceso de denuncia masiva a quienes incumplen la obligación. La lengua es un derecho y la ley es clara", señala Aliança Catalana.
"Están utilizando la lengua como un elemento de política identitaria", inciden los expertos consultados por EL ESPAÑOL.
Más información: El imparable ascenso de Orriols según los analistas: "Lo que une a sus votantes no es la derecha, sino una amenaza externa".
Anabel Blázquez Publicada 31 diciembre 2025 20:44hObligados a atender en catalán. Bajo el lema 'Salvem el català', Aliança Catalana, el partido que dirige Silvia Orriols, ha presentado 700 denuncias contra comercios que no atienden en catalán.
"Hemos iniciado un proceso de denuncia masiva [...] a quienes incumplen la obligación legal. La lengua es un derecho y la ley es clara. Cada empresa puede operar en Cataluña siempre que la respete", aseguró el partido a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.
Según ha adelantado EL ESPAÑOL, Aliança Catalana comenzó la recopilación de estas noticias en septiembre y las trasladó a la Agencia Catalana del Consumo, pero el organismo aún no ha dado respuesta a prácticamente ninguna.
En Ripoll, la "cuna de Cataluña" donde Sílvia Orriols no quiere ni a ilegales ni a "castellanos"Pese a todo, algunos hosteleros ven este señalamiento con indignación y miedo. "Es como vivir en una dictadura", denuncia Abraham Galera Cano, propietario de un bar en Barcelona desde hace 21 años y uno de los afectados por inspecciones precedentes realizadas por esta suerte de policía del idioma.
Las denuncias se amparan en la Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que la señalización fija, los carteles de información general y la documentación de oferta de servicios deben estar redactados, como mínimo, en catalán.
El hostelero tilda la imposición de antigua. "Da igual que sepas de todos los idiomas posibles, incluido el castellano, que si no atiendes en catalán te pueden denunciar o cerrar el local", lamenta.
Galera, además de ser el propietario del bar Danus, en Tordera (Barcelona), es influencer en redes sociales y publica contenido humorístico sobre la profesión del hostelero. Ante lo que tacha de "una malinterpretación" de uno de sus vídeos, fue denunciado por "no hablar ni atender en catalán" en su comercio.
Acto seguido, un inspector se presentó en su establecimiento para certificar que el personal de Abraham atendía en el idioma correspondiente. "Yo soy catalán, entiendo perfectamente el catalán y atendemos a los clientes en catalán", aclara a este diario, negando que hubiese incumplido el requisito.
En el acta de 'obligaciones lingüísticas' remitido posteriormente por la Generalitat, se abordan temas relacionados con el entendimiento y el habla del catalán. "Me parece muy antiguo que te obliguen a tener una lengua con la que atender en un sitio que es privado".
Acta de denuncia de la Generalitat Catalana recibida en el bar de Abraham Galera por "no hablar en catalán". Cedida
En la hostelería, además, requieren a los negocios tener sus menús rotulados en catalán. "La carta es la clave, puede estar en todos los idiomas que quieras, pero mínimo en catalán", explica el hostelero.
Para Galera, esta es una situación absurda. "Si eres un murciano emprendedor que ha visto una oportunidad para abrir su negocio aquí en Cataluña, primero tienes que aprender catalán. Da igual la experiencia que tengas, no tiene sentido", denuncia.
Multas de entre 600 y 1.200 €
Esta imposición sobre el idioma no es un recurso nuevo. Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, asegura que ya en 2012 tuvieron su primer juicio ante la denuncia a un empresario que rotuló la fachada de sus fincas en castellano y no en catalán.
Recientemente, se han enfrentado a otro pleito como defensa de una cafetería a la que denunciaron por tener la carta en el mismo idioma. El juicio fue ganado por los denunciados debido a que la acusación no se sostuvo en los tribunales.
"La Generalitat está colapsada y no tiene capacidad para sancionar a todo el mundo, pero hay empresarios a los que les llega". Las sanciones suponen "multas que oscilan entre los 600 y los 1.200 euros", explica Escolano, "incluso podrían llegar a cerrar los negocios".
Otro caso que ha llamado la atención e incrementado la polémica estas últimas semanas tiene su origen en el Ayuntamiento de Amposta, en Tarragona. La institución exige un nivel B2 de catalán para acceder a una plaza de electricista.
A este respecto, el presidente de Convivencia Cívica Catalán sostiene que "es una barbaridad". "En Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y no te pueden obligar a usar una. Va contra la libertad".
Sílvia Orriols y Aliança Catalana: la ultraderecha más xenófoba toma Ripoll y apunta al ParlamentPor su parte, el alcalde de la localidad, Adam Tomàs (ERC), argumentó que el nivel exigido "responde a la voluntad de garantizar que cualquier trabajador municipal pueda comunicarse correctamente con la ciudadanía".
Ángel Escolano incide en que esta medida establece "ciudadanos de primera y de segunda", puesto que se generan discriminaciones.
Además, respecto al hecho de que haya comercios en los que únicamente se rotule en catalán, el presidente remarca que es "anticonstitucional", así como que "va en contra de los principios de la libertad".
"Están utilizando la lengua como un elemento de política identitaria", señala Escolano. "Lo importante es que todos los españoles puedan entender lo que pone en la etiqueta de un producto, por eso la lengua oficial debería de ser el castellano", concluye.
Según el último Informe de Política Lingüística, de 2023, hubo 1.873 denuncias en Cataluña por vulneración de "derechos lingüísticos", de las cuales 1.520 se produjeron en Barcelona.
La "defensa de 'lo nuestro'"
La campaña contra los 700 comercios auspiciada por Silvia Orriols marca un punto de inflexión en la estrategia de Aliança Catalana. No es un ejercicio espontáneo de vigilancia ciudadana, sino puro cálculo político. Orriols ha instrumentalizado las regulaciones lingüísticas como herramienta de control territorial, transformando la defensa del catalán en un mecanismo de delación.
La campaña, lanzada a través de redes bajo el lema "Salvem el Català", moviliza voluntarios del partido para fotografiar negocios, catalogarlos y denunciarlos ante las autoridades por incumplimiento de la Ley de Política Lingüística.
El segundo acto de esta estrategia revela su verdadera naturaleza: no se trata de garantizar cumplimiento normativo, sino de producir visibilidad política y presión mediática. Las denuncias se publican en redes, generan reacciones y alimentan la narrativa de que el independentismo tradicional ha traicionado los principios de protección lingüística.
El imparable ascenso de Orriols según los analistas: "Lo que une a sus votantes no es la derecha, sino una amenaza externa"Toda esta dinámica no es accidental. Mientras la administración calla, Aliança Catalana capitaliza el ruido para erigirse en la única fuerza intransigente frente a unos rivales que tacha de tibios. Como analizó en su día Xavier Peytibi, consultor de Ideograma, el partido ha leído perfectamente el contexto de "fatiga ideológica" actual, donde "la identidad actúa como refugio".
Su estrategia no va de gestión, sino de marcar la frontera sobre "quién pertenece y quién no a la comunidad", unificando el descontento bajo una emoción primaria: "la defensa de 'lo nuestro'". Los comercios señalados son el símbolo; el acoso, la comunicación política.
La operación responde a una hoja de ruta para 'asaltar' electoralmente Barcelona en las municipales de 2027. Xavier Torrens, profesor de la Universidad de Barcelona, detalla esta metódica expansión territorial: "Primero se consolidó en las zonas rurales; después, en las ciudades medianas; luego llegó a las grandes ciudades".
Es el mismo patrón de Ripoll escalado a la capital: presión y territorialización del conflicto. No es una anécdota, es lo que el historiador Enric Ucelay-Da Cal califica como "la política de lo peor", donde el electorado, movido por la ruptura, apuesta por "lo más disruptivo". Una lógica de tensión que, lejos de amainar, se podría intensificar conforme Orriols avance hacia las urnas.